No me cabe duda de que en el tema de la impunidad vivimos momentos aciagos porque nos doblega la doble moral que hizo aplaudir a la CICIG cuando procedió contra unos, pero que nos hace descalificarla y convertir en gurús a sus críticos cuando dirige sus investigaciones contra nuestros amigos. Pero afortunadamente hay algunas voces que con claridad enfocan el problema y esta semana ha sido importante leer opiniones como las de Martín Rodríguez, ayer, la de Haroldo Shetemul, de Gustavo Porras, Virgilio ílvarez y Dina Fernández, hoy, explicando esa situación tan grave que se da cuando se pone en la picota el tema de las ejecuciones extrajudiciales y la limpieza social que, realizadas por prominentes personalidades de la vida nacional, son no sólo aceptadas sino ampliamente aplaudidas.
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Sinceramente creo del caso recomendar la detenida lectura de esas opiniones porque reflejan una realidad lacerante de la sociedad guatemalteca en donde no estamos dispuestos a aceptar que la ley sea un rasero parejo que se aplique a todos por igual. Y el tema es que cuando termine fracasando el experimento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en medio de la algarabía de sus críticos, nadie en el país va a asumir la lucha por enderezar nuestro sistema de justicia. Mucho menos los que se han encargado sistemáticamente de atacar a la institución, porque éstos son los beneficiarios más directos del régimen de impunidad que se estableció en el país no de manera casual, sino a consecuencia de un pacto entre élites surgido en el marco del conflicto armado interno cuando se utilizaron mutuamente para la eliminación de aquellos guatemaltecos que pensaban diferente y que, por lo tanto, eran vistos por los grupos dominantes como un peligro para la estabilidad nacional.
Con el tema de la impunidad nos pasa lo mismo que con el racismo. Nadie admite públicamente que es racista como nadie admite públicamente que está en contra de la lucha contra la impunidad. Es tan moralmente incorrecto el racismo o el favorecer la impunidad que hasta a los sinvergí¼enzas les da pena reconocer su tendencia, y por ello cuando encuentran un pretexto para darle rienda suelta a sus no declarados sentimientos, lo hacen con entusiasmo. Pero que hay racismo en Guatemala nadie lo puede negar, ni tampoco se puede negar que existen serios compromisos de amplios sectores con la impunidad y que al final de cuentas muchos son los que se han beneficiado de ese sistema que impide la correcta aplicación de la justicia.
Porque de una u otra manera el régimen de impunidad ha sido muy conveniente para muchos sectores. Desde los pícaros que se roban el dinero ajeno hasta los que contratan sicarios para matar extorsionistas y aplicar así justicia por propia mano, pasando por una muy amplia y extensa gama de acciones que, para fortuna de quienes las ejecutan, en el país no generan ningún proceso penal. Si no que lo digan los banqueros que tranquilamente se embolsaron el dinero de sus clientes y que luego vieron cómo el Estado asumía el papel de garantizar los depósitos, dejándolos a ellos gozar del dinero que se robaron descaradamente.
No digamos aquellos que creen que la limpieza social es una especie de guerra santa que debe ejecutarse con todo vigor para librar a Guatemala de seres despreciables. Son muchos los que creen en ese procedimiento y muchos más los que lo aplauden, por lo que cualquier acción contra su impunidad será siempre repudiada porque preferimos seguir así, con licencia para matar, en vez de enfrentar la inseguridad fortaleciendo al Estado y su sistema de justicia.