Las autoridades policiales de Bélgica, Italia, Francia y Luxemburgo efectuaron hoy una treintena de registros en esos cuatro países en el marco de una investigación por acusaciones de corrupción contra funcionarios europeos, indicó la fiscalía de Bruselas.
Según la fiscalía, la operación, llevada a cabo por más de 150 policías tras tres años de investigación, incluyó la sede de la Comisión Europea y la oficina de un asistente parlamentario de la Eurocámara.
También se realizaron operativos en domicilios particulares, sociedades comerciales y organismos bancarios.
La policía procedió además a interrogar a un número indeterminado de personas, aunque no se informó si había detenidos.
La investigación busca establecer «las condiciones impuestas en ciertos mercados públicos europeos en el marco de la búsqueda de inmuebles destinados a albergar a las delegaciones de la Comisión Europea en el extranjero y de la instalación de equipamientos de seguridad destinados a esos edificios».
Las acusaciones se refieren a la violación del secreto profesional, infracciones a las leyes en los mercados públicos y falsificación de documentos.
La operación fue dirigida por la Oficina Central para la Represión de la Corrupción (OCRC) de la policía federal belga.
De su lado, la Comisión Europea señaló que estaba cooperando totalmente en la investigación.
«La Comisión está colaborando totalmente con las autoridades nacionales que llevan a cabo esta investigación con el objetivo de aclarar por completo las alegaciones y sospechas existentes», dijo un vocero.
«Es una investigación que se está desarrollando y no es apropiado por el momento que la Comisión realice comentarios», señaló el portavoz Johannes Laitenberger.
«Hasta el final de la investigación y el establecimiento de los hechos, debe prevalecer la presunción de inoncencia», agregó.
Laitenberger no quiso informar si los funcionarios comprometidos continuarían en sus puestos.
La oficina antifraude de la Unión Europea (OLAF) está colaborando con la investigación, continuó el portavoz.
Un escándalo de corrupción a fines de los ’90 había provocado la renuncia colectiva de la Comisión Europea presidida por el luxemburgués Jacques Santer, luego de un devastador informe que denuncia su «grave responsabilidad» en casos de fraude.
La Corte Europea de Justicia (CEJ) había declarado en julio pasado a la ex primera ministro francesa Edith Cresson culpable de «favoritismo» durante su mandato como comisaria europea en aquel momento.