La representación en Guatemala de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su reciente informe “Los desalojos en el Valle del Polochic”, recomendó al Estado suspender las expulsiones hasta que sea adoptada una legislación que las impida.
La representación en Guatemala de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su reciente informe “Los desalojos en el Valle del Polochic”, recomendó al Estado suspender las expulsiones hasta que sea adoptada una legislación que las impida.
El análisis señala que las poblaciones se encuentran en una situación de desprotección y desventaja legal, pues en la práctica de los desalojos en el país las respectivas instituciones no han tomado en cuenta la presunción, en las denuncias por usurpación.
En ningún momento el juez notifica a los presuntos usurpadores sobre la existencia de un procedimiento penal en su contra, por lo tanto no se abre la posibilidad de iniciar un procedimiento en el que ambas partes puedas presentar sus pruebas, enfatiza el documento.
La disposición del artículo 256 del Código Penal, que establece la obligatoriedad del juez de ordenar y proceder al inmediato desalojo, implica una excepción injustificada del derecho de defensa de las personas; en contraposición, el Estado debe garantizar los medios o recursos legales, en el idioma materno, de acuerdo con Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, añade la publicación.
Cifras incluidas en el análisis del OACNUDH, revelan que 732 familias fueron desalojadas violentamente entre el 15 y el 18 de marzo del 2011, en el Valle del Polochic, en su mayoría indígenas q’eqchi’s y que abarca los municipios de Tamahú, La Tinta, Tucurú, Panzós y Senahú, del departamento de Alta Verapaz y El Estor, en Izabal.
La situación en la que se encuentran en la actualidad es precaria, pues tienen pocas oportunidades de desarrollo económico, sus medios de vida han sido mermados y presentan una alta vulnerabilidad ante el hambre y la inseguridad alimentaria.
La OACNUDH también recomendó al Estado implementar debidamente las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre revertir esa situación de vulnerabilidad y precariedad en la que se encuentran las familias; reubicar y proveer de los medios necesarios para vivir y cultivar dentro del marco de tiempo previsto, 2012-2014.
En los procesos de adquisición o arrendamiento de tierras a gran escala, el Estado debe garantizar la transparencia, la participación de las comunidades que puedan ser afectadas, los derechos colectivos de los pueblos indígenas a su territorio y que se adopten medidas para mitigar los daños al medio ambiente, concluye el informe de la OACNUDH en Guatemala.