El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina no se considera un revolucionario por trasladar el debate de la legalización de las drogas a la Asamblea General de Naciones Unidas. Simplemente asegura que ya es hora de empezar a hablar de regularización de sustancias como la cocaína o la heroína en los grandes foros internacionales.

Un día antes de que Pérez Molina invite públicamente a los países del mundo a explorar nuevas rutas para combatir el problema del narcotráfico, el mandatario dijo a The Associated Press que llegó el momento de replantear una lucha de 40 años contra el tráfico ilegal de drogas que no da resultados efectivos y encima ha visto aumentar el consumo.

«La regularización de la cocaína tiene que ser mucho más severa (que otras sustancias). No estamos a favor de que se pueda estar distribuyendo cocaína en cualquier lado», dijo Pérez Molina. «Pero sí vamos a entrar en el tema de la regularización, todas la sustancias deberían estar regularizadas y regularizar quiere decir que con, por ejemplo, la heroína o la cocaína, que son sustancias altamente dañinas y adictivas, pues tendrá que regularse cuáles son los procedimientos para poderlas vender, tendría que ser con receta médica o una serie de cosas, ideas, que tendrán que salir en la discusión».

El Presidente, quien habló con optimismo sobre el tema, dijo que le han informado de que él es el primer mandatario que habla sobre la legalización de drogas ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La propuesta, sin embargo, no es nueva. Ya fue hecha en el pasado, incluido en la Cumbre de las América de abril en Cartagena, donde el presidente estadounidense Barack Obama opinó que la legalización «no es la respuesta».

Pérez Molina, quien llegó al poder con una campaña en la que ofrecía mano dura para erradicar la violencia que agobia al país, sorprendió en febrero cuando propuso públicamente la despenalización del tráfico y consumo de drogas como una alternativa para enfrentar esa problemática.

El anuncio generó toda serie de declaraciones, encuentros y desencuentros entre líderes de América Central, y, finalmente, no surgieron los apoyos esperados a la propuesta.

La postura de Pérez Molina también ha sorprendido porque al mismo tiempo que el presidente hace la controvertida propuesta, anuncia la creación de nuevas bases militares y permite que 200 marines estadounidenses patrullen la costa occidental del país como parte de la llamada Operación Martillo.

Pérez Molina dijo hoy que no se trata de una contradicción: Guatemala no puede asumir la legalización de las drogas sola, necesita apoyo regional e internacional. Hasta que eso ocurra, el país debe seguir combatiendo el narcotráfico, destacó.

«Tenemos que seguir en la lucha y vamos a seguir en esa lucha. Mientras no haya decisión de región o decisiones globales, nosotros vamos a seguir en el enfrentamiento, que es lo que hoy tenemos para frenar ese tráfico de drogas», señaló.

La Organización de los Estados Americanos está estudiando la propuesta de Pérez Molina, pero hasta entonces, Guatemala no se puede quedar de brazos cruzados.

«Mientras se están dando estos pasos, nosotros no vamos a dejar que Guatemala sea un corredor libre, un estado libre para traficar droga, para consumirla», explicó.

El dirigente guatemalteco también destacó que, al llegar a la presidencia, recibió unas fuerzas armadas y una Policía Nacional Civil con muy pocos miembros y que por ese motivo va a aumentar la cifra, sumando unos 2 mil 500 elementos al sector militar y unos 10 mil a la Policía.

También planea construir dos nuevas bases militares, una en la costa atlántica, en Puerto Barrios, y la otra en la frontera con México, en el departamento de San Marcos.

PRESIÓN
Luego de décadas de promover una solución militar que no resolvió el problema y de decenas de miles de muertos, cobra fuerza en América Latina la tesis de que hay que buscar políticas alternativas a la lucha contra el narcotráfico y varios mandatarios de la región llevarán ese mensaje al propio seno de las Naciones Unidas esta semana.

En lo que se avizora como una intensa campaña concertada para presionar a Estados Unidos a que considere otras soluciones, dos presidentes latinoamericanos, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Juan Manuel Santos, reiteraron esa necesidad ayer, en la víspera del inicio de la Asamblea General del organismo. Se espera que ellos y otros mandatarios de la región insistan en su mensaje, que ya habían transmitido en la Cumbre de las Américas de abril en Cartagena, cuando tomen la palabra en ese foro y exhorten a Estados Unidos a que haga más por controlar la demanda.

El grueso de la droga ilegal, cuyo tráfico genera grandes derramamientos de sangre en América Latina, se vende en Estados Unidos.

A pesar de los éxitos militares que pueda haber, «muchas veces uno siente que está como en una bicicleta estática: pedaleando y pedaleando, y mira hacia la derecha y la izquierda y las cosas son las mismas y no cambian», sostuvo ayer Santos en una disertación en la Universidad de Kansas. «Porque mientras haya demanda habrá oferta».

Estados Unidos se mostró poco receptivo a la noción de legalizar las drogas hasta ahora. «No creo que sea la respuesta», declaró su presidente Barack Obama cuando se planteó el tema durante la última Cumbre de las Américas en Cartagena. Añadió que eso solo empeoraría las cosas.

La noción de que hay que buscar otras soluciones, no obstante, sigue ganando adeptos.

Calderón, quien está a punto de cumplir su mandato en México, dijo que su sucesor Enrique Peña Nieto tiene «la obligación de analizar otras alternativas».

«Todas las soluciones, alternativas que deben ser consideradas para detener las ganancias masivas de las organizaciones criminales. Y eso incluye alternativas de mercado que prevengan el tráfico de drogas y que prevengan que el tráfico de drogas cause tanta violencia y muerte», señaló Calderón al responder a preguntas tras pronunciar una conferencia en el Consejo de Relaciones Exteriores.

«Pero déjeme ser honesto», agregó el mandatario, quien militarizó la guerra contra el narcotráfico en su país. «No puedo ver ninguna (alternativa) diferente a pensar sobre la regulación de drogas en el mercado global, empezando aquí en Estados Unidos».

Desde que Calderón le declaró una guerra frontal al narcotráfico fallecieron más de 47 mil personas en episodios relacionados con ese flagelo en México, la mayoría en ajustes de cuentas entre cárteles.

Santos llevó un mensaje similar a la Universidad de Kansas.

«Estudiemos, evaluemos y analicemos lo que el mundo está haciendo en contra de las drogas y el tráfico de drogas», expresó, según el palacio presidencial. «Las Naciones Unidas declararon la guerra contra las drogas 40 años atrás. Pensemos si lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer».

Santos destacó que los grandes capos del narcotráfico colombiano están presos o murieron como resultado de la lucha sin cuartel librada por su país, pero «eso no significa que el narcotráfico termine» porque sigue habiendo demanda.

Destacó luego que cualquier alternativa para enfrentar efectivamente el narcotráfico debe ser adoptada por todos los países en su conjunto. «Ningún país puede hacerlo por sí mismo. Tiene que ser un esfuerzo conjunto, una decisión internacional».

Líderes regionales como el presidente de Uruguay José Mujica y el guatemalteco Otto Pérez Molina están hablando de legalización de las drogas incluso.

«Estamos perdiendo la guerra con la droga», manifestó el mes pasado Mujica a CNN. Acotó que su gobierno está decidido «a no seguir escondiendo la cabeza ante un problema dramático y a tratar de combatirlo por otra vía».

Si se legaliza la venta de drogas, «le estropeamos el mercado al narcotraficante porque vamos a vender prolijamente mucho más barato que lo está vendiendo el mercado clandestino», manifestó Mujica, quien propuso que la venta de marihuana quede a cargo del estado.

Pérez Molina, un exgeneral del Ejército, llegó también a la conclusión de que la vía militar exclusivamente no es la adecuada y planteó una despenalización de las drogas. Propuso asimismo crear una corte regional para despenalizar el tránsito de la droga y pedirle a Estados Unidos que pague por el decomiso de estupefacientes.

Este último pedido se basa en la noción de «corresponsabilidad», según el cual los estadounidenses son en parte responsables del flagelo del narcotráfico por la demanda que hay allí de las drogas ilegales.

Guatemala es un país con 14 millones de habitantes invadido por pandillas y cárteles mexicanos de drogas, con una tasa de homicidios de 41 por cada 100 mil habitantes, tres veces mayor que la de México, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pérez Molina atribuye esa violencia al narcotráfico.

La tasa de homicidios en Honduras es de 82,1 por cada 100 mil habitantes y en El Salvador de 66. Esos dos países también están agobiados por el narcotráfico.

Pérez Molina ha instado este año a líderes sociales y autoridades a involucrarse en un debate que permita buscar un punto medio entre la liberalización de la venta de drogas y el prohibicionismo actual.

Calderón se opone a legalizar el consumo de drogas y postula medidas «alternativas de mercado» que no detalló.

Su predecesor en el cargo, Vicente Fox, ha insistido recientemente en la necesidad de que el Estado controle tanto la producción y distribución de narcóticos.