Guatemala debe redoblar esfuerzos para terminar con el trabajo infantil, que es «rampante», según destacó ayer en Ginebra el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes, el mexicano Jorge Bustamante.
«No existe una legislación apropiada para proteger los derechos de los niños, sobre todo respecto al trabajo infantil, que es rampante, pese a que está prohibido tanto por los instrumentos internacionales a los que ha adherido Guatemala como por sus leyes nacionales», afirmó Bustamante a AFP, luego de presentar su informe al Consejo de derechos humanos de la ONU.
«Guatemala es un Estado que tiene muchos problemas económicos, como es común en los países en desarrollo, y el gobierno está haciendo esfuerzos, pero hay un problema de gobernabilidad en el sistema judicial y en el policial respecto a los abusos de los derechos de los migrantes», explicó Bustamante.
En su informe, elaborado después de una visita al país, apuntó que «en numerosas ocasiones las autoridades migratorias y policiales desconocerían las garantías que acompañan los procedimientos de detención, internamiento y devolución o expulsión de los migrantes, cometiendo abusos y violaciones de derechos humanos».
El documento «expresa su profunda preocupación ante los numerosos testimonios recibidos sobre casos de extorsión, sobornos y abusos en contra de los migrantes».
«He propuesto que se establezcan mecanismos para la penalización de los violadores de las prohibiciones del trabajo infantil, y acabar con la impunidad», subrayó Bustamante.
«El gobierno de Guatemala debe producir estadísticas anuales sobre cual ha sido el numero de violadores, en qué regiones, y con que penalizaciones, ya que la prohibición del trabajo infantil es letra muerta», estimó Bustamante.
En su informe, Bustamante pidió a Guatemala «poner fin a los casos de corrupción y abusos en los que estarían involucrados funcionarios del Estado».
El Relator solicitó asimismo a Guatemala que «las víctimas de trata de personas, una vez hayan sido identificadas, no sean objeto de detención ni sean procesadas o sancionadas por el carácter irregular de su ingreso y permanencia en el país».