La delegación de las Naciones Unidas en Colombia se mostró hoy confiada en que la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, haya sido fallada «en derecho» por la Procuraduría General.
La expresión fue utilizada por Juan Carlos Monje, miembro de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, al término de un encuentro con el procurador general, Alejandro Ordóñez.
El jefe del Ministerio Público sancionó hace una semana a Petro con su destitución y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años, en el marco de un proceso disciplinario por el cambio que el gobierno de la capital hizo hace un año en el modelo de recogida de la basura.
Petro ha asegurado que la medida equivale a un «golpe de Estado», por lo que presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington y una acción de tutela (amparo judicial) en un tribunal de Bogotá. Adicionalmente, a finales de este mes apelará el fallo ante la propia Procuraduría.
La ONU se interesó en la destitución de Petro y el jefe de esa delegación en Colombia, Todd Howland, pidió una cita con Ordóñez para analizar el caso a la cual asistió Monje porque el dignatario está de viaje.
«Es importante hablar sobre la jurisprudencia existente en razón de derechos humanos de este tipo. El procurador tiene su mandato y está actuando en su mandato, pero también tiene que respetar los derechos humanos», expresó Howland la semana pasada al referirse al caso.
A su vez, Monje comentó que habló con Ordóñez sobre los argumentos tenidos en cuenta por la Procuraduría para tomar la decisión.
«La Oficina tiene el mandato de asesorar a las instituciones del Estado y particularmente a la Procuraduría General, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y al organismo judicial», dijo Monje.
La destitución de Petro ha causado una enorme controversia y movilizaciones populares para respaldar al burgomaestre, pues en el ordenamiento político de Colombia se considera que la Alcaldía del Distrito Capital de Bogotá es el segundo cargo de elección popular más importante después de la Presidencia de la República.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció el fin de semana que abrirá una investigación preliminar para establecer si Ordóñez cometió alguna irregularidad al sancionar a Petro.
Según la Procuraduría, Petro cometió faltas «gravísimas» al «improvisar» en la modificación del esquema de recogida de la basura de la ciudad, de casi ocho millones de habitantes.
Petro canceló los contratos que el Distrito Capital tenía con empresas privadas encargadas de esa tarea, con el objetivo de ahorrar costos, y le dejó la responsabilidad a la empresa pública de acueducto.
La modificación sucedió el 18 de diciembre de 2012 y en los días siguientes se produjo una gran acumulación de basura en toda la ciudad, lo que en su momento fue atribuido a problemas para que el nuevo operador asimilara sus funciones.
Sin embargo, la organización no gubernamental Red de Veedurías Ciudadanas interpuso una demanda penal contra los directivos de dichas empresas privadas, con el argumento de que incurrieron en concierto para delinquir al fraguar un complot para dejar de recoger la basura en las últimas horas de vigencia de su contrato para que el cronograma de operaciones se retrasara.
Petro, que fue integrante del otrora grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), que firmó la paz en 1990, asegura que la medida en contra suya afectará la credibilidad de la negociación que protagonizan en Cuba el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).