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Alemania y Brasil presentaron la resolución luego de una serie de reportes sobre espionaje de Estados Unidos en el extranjero, cuyos objetivos incluían a la presidenta brasileña Dilma Rousseff y la canciller alemana Angela Merkel. El conocimiento de estos programas de espionaje sorprendió y disgustó a enemigos y aliados.

La resolución «confirma que los mismos derechos que las personas tienen fuera de internet, deben protegerse online, incluido el derecho a la privacidad».

La medida pide a los 193 países miembros «respetar y proteger el derecho a la privacidad, incluyendo en el contexto de la comunicación digital», tomar medidas para poner fin a las violaciones de esos derechos y evitar este tipo de omisiones, asegurando que la ley nacional cumpla con la ley internacional de derechos humanos.

También expresa una profunda preocupación por el «impacto negativo» que la vigilancia ilegal podría tener en el ejercicio de los derechos humanos, «en particular cuando se realiza a escala masiva».

Recomienda a los países «revisar sus procedimientos, prácticas y legislación respecto de la vigilancia de las comunicaciones, su intercepción y recolección de datos personales, incluyendo a escala masiva».

Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero reflejan la opinión mundial y conllevan peso político.

Estados Unidos no se opuso al a medida después de cabildear con Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que conforman el grupo llamado «Cinco Ojos», una coalición que comparte información de inteligencia, para suavizar la redacción del borrador original.

El acuerdo clave dejó de lado la aseveración de que la intercepción y recolección de comunicaciones y datos personales a nivel nacional e internacional y «en particular la vigilancia masiva» podrían constituir una violación a los derechos humanos.