ONG pide al Presidente el cierre de la Mina Marlin


ONG pidieron el cierre de la Mina Marlin (foto). FOTO LA HORA: ARCHIVO

Redes de organizaciones no gubernamentales (ONG) guatemaltecas, norteamericanas y europeas entregaron dos cartas abiertas a la Presidencia de la República, para solicitar que el Estado cumpla con la suspensión de actividades de la Mina Marlin, como lo ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Javier Estrada Tobar
jestrada@lahora.com.gt

Con las Medidas Cautelares MC-260-07, de fecha 20 de mayo de 2010, la CIDH «solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A., e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental», refiere el portal electrónico de la Corte Internacional.

Pese a las medidas ordenadas la entidad internacional y las solicitudes de las organizaciones sociales del sector -para detener la minerí­a-, las actividades extractivas continúan en marcha sin que el Estado de Guatemala asuma su responsabilidad

Frente a esta situación, Aniseto López, del Frente de Defensa Miguelense (Fredem) y representantes del Consejo de los Pueblos de Occidente entregaron dos cartas, avaladas por 101 ONG nacionales e internacionales, dirigidas al presidente ílvaro Colom, para que ordene el cierre temporal de Marlin.

Después de solicitar una audiencia a Colom, Aniseto López, de Fredem, indicó: «Esperamos que haya una respuesta lo más pronto posible. Estamos cansados y preocupados por la contaminación y el daño que la minerí­a le está causando a la población».

CONIC Consultas comunitarias


La Coordinadora Nacional Indí­gena y Campesina mostró su rechazo a la explotación minera en el paí­s y solicitaron al Congreso de la República, aprobar la modificación de la Ley de Minerí­a que requiere la obligación de hacer consultas comunitarias para la aprobación de licencias de explotación mineral.

Cesar Bol, dirigente de este movimiento, explicó que actualmente las consultas se hacen de buena fe, pero aunque las comunidades dicen que no, las autoridades siguen negociando la aprobación.