En otro sentido, los montos destinados a la salud y la educación en los presupuestos guatemalteco y salvadoreño no superan el 5%% del PIB, según un Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En conformidad con un estudio realizado por investigadores salvadoreños, unos 6,500 millones de dólares la cuesta a Centroamérica la violencia delictiva, que representa el 7.7 %% del PIB de la región; y de acuerdo con parámetros fijados por la Organización Panamericana de la Salud, una proporción calificada de «normal» de criminalidad se encuentra en el rango de cero a 5 asesinatos u homicidios por cada 100 mil habitantes, y cuando se excede los 10 por cada 100 mil personas, la situación se torna epidémica.

En lo que respecta a Centroamérica, la región más que triplica esa epidemia, puesto que, exceptuando a Costa Rica, se registran más de 36 asesinatos u homicidios por cada cien mil habitantes, distribuidos en 68 en El Salvador, 45 en Guatemala y 43 en Honduras, por cada cien mil habitantes, lo que coloca al istmo centroamericano a la cabeza de las subregiones más violentas de América Latina y del mundo.

De acuerdo con la investigación reportada por la agencia IPS, los costos sanitarios directos, que incluyen servicios de salud para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar a los afectados por la violencia, sumaron 229 millones de dólares en 2006; en tanto que los costos indirectos, que corresponden a producción y/o productividad que se perdieron por ausentismo, incapacidad temporal o permanente y mortalidad prematura, ascendieron a 1,213 millones de dólares.

Un dato muy significativo es el que se refiere a los cálculos basados en la estructura de las edades de las personas asesinadas, en vista de que durante el año antepasado se perdieron 500 mil años de vida por causa de la violencia en Centroamérica, además de que los costos de salud se estimaron en 1909 millones de dólares, con base en el valor monetario de indemnizaciones a ví­ctimas de la violencia; pero el dolor, el sufrimiento o cualquier otra reducción de la calidad de vida son intangibles y, en consecuencia, imposibles de medir monetariamente.

Conforme el reporte del periodista Raúl Gutiérrez, de IPS, el rubro de los gastos institucionales, es decir, legales, judiciales y policiales, ascendió 1,137 millones de dólares, pero sólo en lo que atañe a las partidas presupuestarias asignadas con las polí­ticas de prevención y combate de la violencia.

Adicionalmente a los costos mencionados y de la dolorosa pérdida de vidas humanas, principalmente de jóvenes, la delincuencia en Guatemala, El Salvador y Honduras impone costos onerosos que inciden en el desarrollo de la sociedad y afectan la acumulación de capital humano y social.

Como suele ocurrir, el estudio referido reconoce el estrecho ví­nculo entre pobreza y violencia, aunque advierte que las naciones e individuos más pobres, no siempre son, necesariamente, los más propensos al crimen; pero llama la atención sobre la fatal combinación de una gran desigualdad de ingresos y oportunidades con otros factores sociales, culturales y psicológicos.

Para el caso, se debe tomar como referencia el hecho de que en Costa Rica, el paí­s centroamericano menos afectando por la violencia criminal en el área centroamericana, se destina el 10%% del PIB a los ramos de Salud y Educación, contra el 3%% que se asigna a esas áreas en Nicaragua, y, como quedó apuntado, menos del 5%% en Guatemala y El Salvador.

En los paí­ses donde se invierte menos en los rubros sociales dentro del porcentaje del PIB, tienen costos superiores por la violencia, como lo subraya el economista salvadoreño Carlos Acevedo, coordinador de la investigación.

(Romualdo Catracho, aludiendo a un diputado centroamericano, cita a Voltaire: «Este hombre debe ser un gran ignorante, pues a todo lo que se le pregunta da una contestación»).