Omoa es un municipio de Honduras que colinda con Guatemala. Desde el siglo XVI fue un puerto muy importante para el comercio entre España y Centro América. Esa importancia la perdió ya que en dos ocasiones fue destruido por incendios. La construcción del cercano Puerto Cortés o Puerto Caballos, como era llamado en tiempos coloniales, lo convirtió en un pequeño poblado que sobrevive del turismo, en especial por el interés que genera la fortaleza de San Fernando, construida en el siglo XVIII.
Ahora, Omoa sufre una tercera amenaza. Grupos de ambientalistas y residentes se han movilizado para que reubiquen la planta de almacenamiento de gas L.P., propiedad del empresario mexicano Tomás Zaragoza. «La Gran Alianza de la Sociedad Nacional por Omoa, Gas-No», exige que la secretaria de Relaciones Exteriores de México y la de Energía de Honduras ordenen el retiro de Gas del Caribe de Omoa.
Una nota de la agencia cubana Prensa Latina, de este 4 de marzo, dice: «La empresa trasnacional Gas del Caribe continúa en Omoa porque pagó una cifra millonaria de dinero a las autoridades de la zona. El arreglo implicó varias concesiones favorables a la empresa del mexicano Enrique Zaragoza Ito que con su planta contamina la zona turística, de acuerdo con afirmaciones del defensor del ecosistema, el italiano Massimo Parrissi.» La nota agrega que «Gas del Caribe trabaja en el lugar sin licencia ambiental y el arreglo entre sus representantes y la alcaldía es extralegal porque violenta los derechos de los pobladores de Omoa, según el diario La Prensa.»
Los ambientalistas advierten que, además, los depósitos y camiones que descargan el gas de enormes buques tanque, representan mucho más del hidrocarburo requerido por Honduras. Gas del Caribe utiliza su planta para surtir a Centroamérica y esto aumenta el peligro para los residentes de Omoa.
Este 14 de marzo, el diario hondureño La Tribuna divulgó la noticia que varias organizaciones populares denunciaron ante el Comisionado de los Derechos Humanos, Wilfredo Castellanos, sobre las amenazas de muerte que ha recibido Massimo Parrissi. Los denunciantes responsabilizan ante la opinión pública internacional a los propietarios de la empresa mexicana Gas del Caribe por cualquier daño a la integridad que pueda sufrir el ambientalista italiano y su familia.