El golpe de Estado ocurrido en Honduras ha provocado, entre otras graves consecuencias, especulaciones acerca de que similar ruptura del orden constitucional puede acontecer en otras naciones latinoamericanas, incluyendo a Guatemala, sobre todo por la ineptitud del Gobierno del presidente ílvaro Colom para hacerle frente a la ola de criminalidad que azota a todo el territorio nacional, y por las tendencias bien marcadas de grupos oligárquicos que pretenden retornar al oprobioso pasado.
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Ante esa eventualidad, sectores ultraderechistas que intentarían propiciar la caída abrupta del actual régimen pretenden ubicarnos a quienes nos oponemos a un hecho político de tal naturaleza, como oficiosos defensores del régimen de la UNE y tácitos cómplices de la corrupción imperante.
No se trata de aprobar, elogiar o criticar todos los actos gubernamentales, sino de velar por el respeto a las normas constitucionales, especialmente quienes en el pasado sufrimos la persecución de gobiernos autoritarios, simplemente porque  deseábamos ejercer nuestro derecho a disentir.
En torno a los rumores que se han esparcido sobre un posible golpe de Estado en Guatemala me escribió un amigo y contemporáneo mío, que sufrió los vejámenes de las dictaduras militares, recordándome que durante el gobierno del general Carlos Arana la represión se agudizó contra los miembros de organizaciones sindicales, estudiantiles, cívicas, gremiales y políticas de tendencia  progresista, sin que necesariamente estuvieran enrolados en la guerrilla ni que sustentaran la ideología marxista leninista.
A este militar le sucedió el también general Kjell Laugerud García, quien fue más tolerante con los grupos de la oposición política y desarmada, lo cual permitió que se alzaran voces de protesta de personas y movimientos democráticos. Esta apertura política habría sido una estrategia (no planeada por Laugerud, me atrevo a presumir) encaminada a identificar a quienes habían permanecido silenciosos, lo que aprovechó el gobierno del general Romeo Lucas, en el siguiente período presidencial, para desatar una feroz represión que incluyó el asesinato de líderes socialdemócratas, como Manuel Colom Argueta.
Al hacer una similitud sobre lo acontecido en ese entonces y los ominosos presagios de un golpe de Estado en Guatemala, las fuerzas represivas ya cuentan con suficientes nombres de dirigentes y activistas sociales y políticos, como para proceder a su aniquilación, y por eso y muchas razones más, es que debe evitarse la ruptura del orden institucional.
(Romualdo Tishudo saluda a una acalorada diputada opositora: -Buenos días, señorita. La agresiva congresista replica: -¡Ay! Gracias por el remiendo).