Esta ha sido una semana de bastante intensidad en el Congreso de la República; un derroche de emociones y un desborde de sentimientos que van desde el odio, la ira, el resentimiento, y la hipocresía han enfrentado a los legisladores que discuten cual batalla campal la eliminación de los candados al presupuesto nacional.
Los representantes del pueblo día tras día se devanan los sesos, discuten, cabildean, y no logran ponerse de acuerdo, siendo su comportamiento histriónico el que los ha alejado de su función principal para la cual fueron electos -legislar-.
Este es un año particularmente importante a nivel mundial, se especula que la crisis económica que afecta a todos los países del mundo tendrá su cenit precisamente este año. Es por eso que se requiere del esfuerzo de cada uno de los ciudadanos para poder sobrellevar la crisis, pero el papel de los funcionarios públicos es toral y preponderante, ya que de ellos depende ser asertivos en la toma de decisiones y las políticas que se implementarán para paliarla.
Hoy más que nunca es cuando los diputados deberían de gastar sus energías discutiendo y aprobando nuevas y buenas leyes que ayuden al país; y es menester traer a colación varias iniciativas de ley que son necesarias, y que por circunstancias incompresibles están engavetadas. Estas iniciativas de ley no deben de quedar en el olvido, y deberían ser prioridad en la agenda legislativa, además deben de ser aprobadas ipso facto.
Por ejemplo desde hace varios años atrás se presentó al Congreso de la República el Proyecto del Código Procesal General, un instrumento moderno que vendría a sustituir a leyes que en su momento fueron adecuadas a la realidad de la época, pero que ahora son obsoletas, tal el caso del actual Código Procesal Civil y Mercantil y el Código de Trabajo.
Esta iniciativa de ley es menester que sea examinada exhaustivamente por la comisión respectiva, para luego ser ampliamente discutida y aprobada ya que conlleva una serie de mejoras al sistema jurídico del país como los son la simplificación de los procesos en uno solo, la unificación de criterios judiciales, y por supuesto la certeza y seguridad jurídicas para todos los justiciables e inversionistas extranjeros.
Uno de los obstáculos a la inversión extranjera, lo constituye precisamente la falta de certeza y seguridad jurídicas reflejadas por citar un ejemplo, en el tiempo que dura un proceso determinado desde su iniciación hasta su conclusión con la obtención de una sentencia.
Los inversionistas extranjeros analizan y dan gran relevancia al sistema jurídico del país en el cual pretenden invertir, tratando de asegurar de alguna forma su inversión ante los riesgos que esta implica.
Por el bien del país, esperemos que nuestros diputados logren desenmarañar las discusiones bizantinas en las cuales se encuentran inmersos, y den prioridad en la agenda legislativa a leyes que son importantes para nuestra nación.