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Pese a la lejaní­a de su deceso, la figura de Oliverio aún sigue inspirando las demandas de la sociedad civil; ya sea en consignas de las marchas populares (como la conocida: «Oliverio no está aquí­; ¿Oliverio dónde está? Oliverio está en las calles exigiendo libertad») o con su rostro estilizado por artistas de la resistencia social.

El asesinato de Oliverio ha sido uno de los casos más penosos en la historia oscura de los gobiernos militares y terroristas de la segunda mitad del siglo XX. Su deceso significó la pérdida de uno de los lí­deres más capaces y más carismáticos que haya podido dar Guatemala. Además, en el momento de su muerte, ya habí­a cerrado la carrera de Económicas, caracterizándose por ser uno de los mejores estudiantes de su generación y se perfilaba, desde ya, como uno de los mejores profesionales que hubiera dado la Universidad de San Carlos.

A fin de preservar viva la memoria de un icono de la lucha popular, y a manera de exigir que, a 30 años de su muerte, su asesinato no quede en la impunidad, se transcribe a continuación, en forma í­ntegra, el Caso Ilustrativo No. 45 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), el cual recoge los detalles de su vida, obra y asesinato. (N. del E.)

Antecedentes

Oliverio Castañeda de León era un joven de 23 años, proveniente de una familia capitalina de clase media. Brillante estudiante de Economí­a, se destacó en la directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), de la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando, en el perí­odo 77-78, ocupó el cargo de secretario de finanzas.

Su trayectoria en el movimiento estudiantil universitario registró un rápido ascenso, dados su carisma y capacidad de liderazgo. En mayo de 1978 fue elegido secretario general de la AEU, respaldado por el grupo estudiantil Frente, que aglutinaba a asociaciones estudiantiles de diferentes facultades y escuelas de la Universidad de San Carlos.

Frente era uno de los principales conglomerados estudiantiles en la Universidad de San Carlos, en el que participaban miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT)(2) y también muchos estudiantes de izquierda sin militancia polí­tica.(3) Debido a las mismas posiciones prevalecientes en el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en esa época, ni Frente ni la JPT apoyaron la ví­a armada y tampoco las tácticas violentas que propugnaban otros grupos.

Frente se proclamaba partidario de la participación democrática para la solución de los conflictos y postulaba la lucha polí­tica para enfrentar la situación nacional.

Desde el mismo dí­a 22 de mayo de 1978 en que Oliverio Castañeda llegó al cargo de secretario general de la AEU, hizo sentir su liderazgo. A raí­z de la masacre de Panzós(4), ocurrida el 29 de ese mismo mes, Castañeda encabezó enérgicas medidas de protesta, que lo enfrentan al Gobierno.

Dos dí­as después de la masacre la AEU realiza una manifestación de protesta, en la que participa en forma mayoritaria población indí­gena maya, y hace público un comunicado de Prensa en el que demanda del Gobierno tres puntos que son aceptados por las autoridades: el acceso de los medios de comunicación al lugar de la masacre, el acceso al mismo de estudiantes de Medicina y la Cruz Roja, para atender a los heridos, y autorización para entrevistar a seis soldados que resultaron lesionados.

Más tarde, en septiembre de 1978, Oliverio Castañeda, en su doble calidad de dirigente de la AEU e integrante del Comité de Emergencia de los Trabajadores del Estado (CETE), desempeña un papel activo en la organización de una huelga general, en protesta por el aumento del precio del pasaje del transporte urbano.

La huelga paralizó a la ciudad capital, que se convirtió en escenario de graves enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas de Seguridad, con un alto saldo de heridos y cientos de manifestantes presos.

Luego de más de 15 dí­as de huelga el Gobierno dio marcha atrás en el aumento de las tarifas del transporte urbano y decretó un subsidio. Las demandas de los huelguistas se cumplieron.

A esas alturas, la situación de inseguridad de los dirigentes de la huelga se habí­a agudizado. Lí­deres del CETE fueron encarcelados y destituidos de sus cargos. Un antiguo dirigente del Sindicato de Correos y Telégrafos, Arnulfo Cifuentes Dí­az, fue asesinado el 6 de octubre y los atentados contra sindicalistas y profesionales universitarios se acrecentaron.

El 19 de octubre, en ví­speras de una manifestación conmemorativa de la Revolución de 1944, aparece una lista de 39 ciudadanos amenazados de muerte por el autodenominado Ejército Secreto Anticomunista (ESA). Oliverio Castañeda de León es uno de ellos(5).

Este clima determinó que, aún antes de las amenazas del ESA, se adoptaran medidas para proteger a Castañeda de León de eventuales atentados. Se le llevaba a dormir a diferentes casas y se mantení­a el control sobre sus movimientos.

En el contexto descrito, el presidente de la República, general Romeo Lucas Garcí­a, declaró a los medios de comunicación que la Universidad era un foco de subversión, lo cual significaba que tanto estudiantes como profesionales eran partí­cipes de las actividades armadas en el paí­s.

A raí­z de esta situación, el 19 de octubre por la noche se decidió que los directivos de la AEU no participarí­an en la marcha del dí­a siguiente, sino sólo en el mitin posterior. Esta decisión no fue acatada y la mayorí­a de los dirigentes se integró a la marcha.

Los hechos

Hacia las 9 de la mañana del 20 de octubre de 1978 la marcha de conmemorativa de la Revolución de 1944 salió de El Trébol hacia el centro de la ciudad. Transcurrió sin ningún incidente y el despliegue de policí­as fue atribuido a declaraciones de las autoridades en el sentido de que se darí­a protección a los manifestantes.

La marcha concluyó en el Parque Centenario, a 100 metros del Palacio Nacional, donde inmediatamente después tuvo lugar un mitin donde figuraba como orador Oliverio Castañeda de León, quien se integró a la manifestación a la altura de la 9a. calle y 6a. avenida de la zona 1.

Su discurso, el último del mitin, imputa de modo directo al ministro de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz, a quien le llama «Donaldo asesino»(6), haciendo referencia a graves violaciones de derechos humanos en que se involucraba a efectivos de las Fuerzas de Seguridad a cargo de ese funcionario.

Al finalizar el mitin las personas que llenaban el Parque Centenario comenzaron a dispersarse. La policí­a mantuvo un cordón de seguridad.

Hacia la una de la tarde, Oliverio Castañeda y un grupo de estudiantes abandonaron el Parque Centenario y cruzaron la 8a. calle. Llegaron al edificio de la Empresa Eléctrica, en las inmediaciones de la 6a. avenida. Junto a él iba una amiga y el guardián de la sede de la AEU.

Inmediatamente después de que cruzaron la 6a. avenida, se inician los disparos. Un hombre sale desde la puerta trasera de un carro Sedan alargado color turquesa, placas P-109716 y con una ametralladora abre fuego sobre Oliverio. í‰l corre sobre la 6a. avenida en dirección sur, intentando escapar, pero es alcanzado por una bala que lo hace caer a la entrada del Pasaje Rubio. Otras cinco personas que transitaban por el lugar, entre ellos dos niños, también resultan heridos(7). En ese momento un jeep Toyota color blanco, placas oficiales O-8038, se detiene a media calle y de él desciende un hombre de civil que le dispara a la cabeza, dándole el tiro de gracia. Regresa al vehí­culo, que se marcha a toda velocidad. También interviene en el operativo un carro tipo Bronco, placas P-11716.(8)

La ví­ctima falleció aproximadamente a las 13:20 y su cadáver presentaba «herida de bala en región espinal y de salida en región externa, herida de bala en pabellón inferior de la oreja derecha y salida en temporal del mismo lado y herida de bala en la cara anterior del muslo izquierdo, con salida en el mismo lugar».

A pesar de la numerosa presencia de policí­as en los alrededores del suceso y de la duración de la balacera, no hubo reacción policial para auxiliar a la ví­ctima, ni tentativa de persecución de los autores.

Después

El 26 de octubre una manifestación que reunió a unas 40 mil personas manifestó su rechazo ante el asesinato del lí­der estudiantil. Los rótulos pintados por los manifestantes fueron borrados con pintura amarilla en la madrugada del dí­a 27, por agentes de la Policí­a Nacional(9).

La investigación del crimen corresponde en primer término a la Policí­a Nacional, cuyo expediente contiene una descripción de la marcha y el mitin previos al asesinato. Luego, sobre la base de la información aportada por los efectivos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, describe la forma en que fue asesinada la ví­ctima y un informe en el cual se identifica el automóvil al que correspondí­an en realidad las placas que llevaba uno de los carros utilizados en el crimen. Además, el informe policial señala que los disparos provinieron probablemente de un arma de calibre 45, pero ello no fue comprobado, porque no hubo autopsia ni se hizo recopilación de pruebas de balí­stica en el lugar de los hechos. Tampoco se interrogó a los testigos presenciales al iniciar las pesquisas.

Por su parte, la investigación de oficio iniciada por el Ministerio Público se centró en tres puntos:

1. La identificación de los automóviles utilizados en el operativo(10). Es relevante que no se profundizó en la circunstancia de que uno de los carros, aquel que ocupaba el hombre que dio el tiro de gracia a la ví­ctima, ostentaba placas oficiales y que los investigadores judiciales se conformaron con un primer informe, de fecha 7 de noviembre de 1978, en que el jefe del Departamento de Tránsito informa que en su archivo «no aparecen registradas» dichas placas. Información negativa y conformidad judicial semejantes se dieron respecto a las placas P-11716, correspondientes al carro tipo Bronco;

2. Entrevistas a taxistas y vendedoras de los lugares aledaños al sitio en que tuvo lugar el asesinato, pero no a otros testigos presenciales. El resultado de las entrevistas fue irrelevante. Según reza el expediente: «Por la gravedad del hecho y por temor, los entrevistados no proporcionaron información concreta que pudiera conducir al esclarecimiento del caso»(11), y

3. Indagación de la existencia de una cinta sobre el asesinato, mencionada por los medios de comunicación. Nada se comprobó y el Ministerio Público concluyó que el Gobierno, a través de los medios a su alcance, deberí­a establecer la veracidad de la existencia de la cinta.

La secuencia criminal que culminó con el tiro de gracia evidencia que Oliverio Castañeda de León fue una ví­ctima seleccionada con premeditación por sus asesinos, en un contexto de varios casos similares que afectaron a otros dirigentes universitarios(12) y, en particular, del conjunto de efectos derivados del discurso gubernamental, que señalaba a la Universidad de San Carlos como un foco de subversión(13).

En dicho contexto, el 6 de noviembre de 1978, Antonio Ciani Garcí­a, sucesor de Oliverio Castañeda en la AEU, es detenido por hombres armados, vestidos de civil, sin que hasta la fecha se conozca su paradero(14).

Pese al compromiso asumido públicamente por las autoridades, el Estado no realizó una investigación seria para tratar de esclarecer el caso. Los responsables de la persecución penal omitieron de forma deliberada seguir aquellas pistas que indicaban la participación de agentes estatales o se conformaron con referencias dudosas.

A todo lo expuesto se suma el esfuerzo propagandí­stico de las más altas autoridades de la época, para achacar el crimen a organizaciones clandestinas que escaparí­an al control del Gobierno. En carta dirigida al vicepresidente de la República, publicada en el diario La Hora, el ministro de Gobernación manifestó, refiriéndose especí­ficamente al asesinato de Castañeda: «(…) Acerca de los grupos paramilitares que usted menciona en su mensaje, puedo asegurarle que no existen, aunque sí­ organizaciones clandestinas de la extrema derecha e izquierda, que aparentemente colaboran entre sí­ para desestabilizar y crearle problemas al gobierno»(15).

Sin embargo, un declarante ante la CEH, señaló que la eliminación de Oliverio Castañeda fue objeto de una «decisión central» de carácter estatal y que «después del asesinato de éste se sentí­a un ambiente alegre en el Ministerio»(16).

Este testimonio coincide con informaciones sobre la participación encubierta, en graves violaciones a los derechos humanos, del denominado Comando Seis, unidad operativa de la Policí­a Nacional, que funcionó desde 1978 hasta 1982 y que en la práctica se relacionaba directamente con el Estado Mayor del Ejército, especí­ficamente la D-2, e indirectamente con el denominado Archivo del Estado Mayor Presidencial(17).

Conclusiones

Teniendo en cuenta la calidad de la ví­ctima y sus últimas actuaciones públicas, el modus operandi de los hechores, la actuación de la policí­a en el lugar del crimen y el curso dado a la investigación por las autoridades del Estado; y considerando, el contexto en que viví­a el paí­s, el cual hací­a imposible la comisión de un hecho de esta naturaleza y su posterior impunidad sin que los autores contaren, a lo menos, con la aquiescencia o consentimiento de las autoridades del Estado, la CEH ha llegado a la convicción de que Oliverio Castañeda de León fue ví­ctima de agentes del Estado o de sujetos que actuaron bajo su aquiescencia o tolerancia, considerando su muerte una violación de derechos humanos. La CEH presume que la responsabilidad estatal, en cualquiera de las dos alternativas, radicó en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.

Además, atendidos los antecedentes de las investigaciones realizadas por la Policí­a, el Ministerio Público y los tribunales, la CEH se formó la convicción de que las autoridades responsables del Estado de Guatemala faltaron gravemente a su deber de investigar y sancionar los hechos, violando el derecho a la justicia que asiste a los familiares de la ví­ctima y a la sociedad guatemalteca.

Por otra parte, la CEH considera que el modus operandi utilizado para perpetrar este crimen, que combina la desafiante, pública y notoria actuación de los hechores con el encubrimiento y protección de su identidad, es ilustrativo de las modalidades represivas empleadas, a fines de la década de los setenta y comienzo de los ochenta, contra lí­deres sociales identificados por el Gobierno como partí­cipes de la insurgencia o su ideologí­a.

Por último, el asesinato de Oliverio Castañeda de León constituye un precedente importante del cierre de espacios a la participación polí­tica y social de los estudiantes universitarios, que se prolongará durante la década de los ochenta, en que la mayorí­a de los dirigentes de la AEU son asesinados o desaparecen luego de ser detenidos.

Anotaciones

1 Testigo CEH. (T.C.870).

2 Rama Juvenil del Partido Guatemalteco del Trabajo ( PGT).

3 A Frente eran afines las asociaciones estudiantiles de Medicina, Agronomí­a, Farmacia, Psicologí­a, Ingenierí­a, Arquitectura, Trabajo Social, Derecho, Humanidades, Historia, Ciencia Polí­tica, Economí­a, Veterinaria y Odontologí­a.

4 CI 9. Mayo, 1978.

5 Nuevo Diario, 21 de octubre de 1978, pg. 1. «El nombre de Oliverio Castañeda de León figuraba, junto a los de otras treinta y siete personas, en una lista de «condenados a muerte», que distribuyó el miércoles pasado a los medios de información, la organización clandestina autodenominada Ejército Secreto Anticomunista, ESA».

6 Testigo CEH. (T.C. 439).

7 Manuel de Jesús Revolorio Ramos, 19 años, Eufracia Revolorio Ramos, 24 años, Marí­a del Carmen Palencia Revolorio, 7 años, Hairo José Garcí­a Revolorio, 3 años, y Pedro Larios Morales, 23 años. Estos nombres aparecen en el expediente policial.

8 Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, juicio número 2556, año 1978.

9 Diario La Tarde, 27 de octubre de 1978, pg. 1.

10 Según el Informe confidencial de la policí­a, el carro en que iban los individuos que primero dispararon a la ví­ctima era marca Sedan, placas de circulación P-109716 (…) «Resultó ser que las placas de circulación P-109716 utilizadas por (…), pertenecen a otro vehí­culo, marca Pontiac, modelo 58, color azul, propiedad del señor Leonel Castillo Rubio». Sin embargo, pese a establecerse la identidad del propietario, no se continuó investigando si el vehí­culo habí­a sido vendido tal como lo señaló el padre de aquél.

11 Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, juicio número 2556, año 1978.

12 C 8009. Septiembre, 1908. C 8010. Julio, 1980. C 8011. Septiembre, 1980. C 913. 1980. C 914, Marzo, 1980. C 8159. Enero, 1984. C 8215. Julio, 1979. C 13348. Marzo, 1980. C 18254. 1983.

13 La Nación, noviembre de 1978.

14 C 723. Noviembre, 1978.

15 La Hora, 26 de octubre de 1978.

16 Testigo directo CEH. (T.C. 248).

17 El Archivo era una dependencia del Estado Mayor Presidencial que efectuaba labores de Inteligencia. El Comando Seis fue creado por el director de la Policí­a Nacional, Germán Chupina Barahona.