Fue en este querido Diario, contando con el apoyo de don Oscar Marroquín (q.e.p.d.) y Oscar Clemente, que este escribiente se inició, junto a otros colegas en el análisis de las crisis económicas y los procesos de ajuste que devienen, forzosamente, de tales crisis. Así, en 1985 en una página sabatina pusimos todos nuestros ojos en las acciones del Banco de Guatemala, a propósito de la crisis de divisas. Luego, a partir de la crisis asiática, en 1998, que acusó graves problemas económicos al gobierno de ílvaro Arzú, nos enfocamos en el tema bancario y los problemas monetario-financieros. Pasados los años, el día de hoy de nuevo tomamos ventaja de esta Tribuna, para alertar sobre la problemática fiscal y los nuevos devaneos del ajuste. Es evidente entonces que todos los ojos deben dirigirse hacia el terreno de las finanzas públicas, siendo un problema digno de distinguir el referente al desenfreno de la denominada Deuda Flotante.
Con tal término denominamos a los compromisos que irresponsablemente adquieren las instituciones públicas, que no sólo no tienen un respaldo presupuestario correspondiente, sino que, tratándose por ejemplo de inversiones, no se ubican con claridad en el listado geográfico de obras, como tampoco en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas -SNIP.
Por ejemplo, en entidades como COVIAL y Caminos se trabaja regularmente con las denominadas «órdenes de cambio» y se autorizan incrementos de precios tomando ventaja de algunos gazapos o lagunas legales que se encuentran en los sistemas regulatorios y presupuestarios de autorización de obra pública.
Ha trascendido, por ejemplo, que en el Fideicomiso de Conservación Vial (Covial) se carece de fondos para contratar más obras y que, además, se tiene una deuda flotante que supera al millardo, y aún así, con la mayor ligereza se aprueban obras para 2011 aduciéndose que, de palabra, alguna autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, le indica al Consejo Directivo la posibilidad de «escarbar la olla» en el 2011 y asignarles el asiento presupuestario correspondiente.
El tema principal aquí, e incluso lo más aberrante, es que no se trata del anuncio de licitaciones cristalinas, sino se acude al artificio de contratos que están vigentes con algunos constructores determinados, a quienes se les «amplia» el mismo, siendo que tales contratos se constituyen como una especie de «patente de corso» o «piso de plaza» para, ya sea ampliar tal o cual dragado o carretera de segunda categoría, o incluso para moverse de espacio territorial o de proyecto, evadiendo las más mínimas disposiciones de competencia y apego a procesos cristalinos y técnicamente planificados de ejecución de obra pública.
Covial se inició durante la gestión de García-Gallont, financiándose principalmente con impuestos específicos vinculados con el transporte, teniendo como fin primordial el mantenimiento de la obra pública. Desde 1996 hasta el presente se ha venido utilizando como un mecanismo de contratación bastante ligero, tomando ventaja de las desregulaciones financieras y la escasa regulación a los fideicomisos, siendo a la vez una jugosa fuente de comisiones para el banco que lo administra, y un mecanismo de negociaciones políticas muy apetitoso para los congresistas. Quince años después de su creación sigue tan campante como Johny Walker.