En las áreas urbanas tenemos la tendencia a suponer que cuando un grupo de pobladores se opone a un proyecto minero es porque están siendo utilizados por fuerzas ocultas para crear problema y alborotar el orden público. No faltan los que ven en esas expresiones de rechazo de la población la mano peluda de movimientos subversivos o terroristas que tratan de replicar fenómenos de confrontación del pasado y esa percepción puede llevar a adoptar las medidas equivocadas por falta de comprensión de lo que realmente ocurre en cada uno de esos casos.

No fue casualidad que la OIT estableciera un Convenio en el que se regula el tema de las consultas populares cuando se trata de proyectos que de alguna manera pueden afectar a una comunidad y que esos convenios hayan sido ratificados por Guatemala y sean ley para nuestra República.
 
 Especialmente porque ni el más ingenuo de los ciudadanos puede suponer que en un país plagado de corrupción como Guatemala, se pueda realizar el trámite de una licencia de exploración y de explotación de minerales sin que haya de por medio mordida ni que puedan realizarse estudios de impacto ambiental en el ámbito puramente técnico sin la contaminación (valga aquí también el término) de la inmoralidad que es tan generalizada no sólo en el sector público sino también en el sector privado.
 
 La forma en que se tramitan los negocios mineros es parte de lo que provoca tanto malestar entre la población porque no sólo se está depredando la riqueza nacional a cambio de una migaja, sino que además se permiten y toleran daños ambientales tremendos e irreparables. Ciertamente existen procedimientos más limpios de extracción que son también más costosos pero habría que ser realmente medio pendejo para suponer que con el nivel de controles y de exigencias que hay en Guatemala, las empresas van a utilizar esos procesos cuando se pueden alzar con los minerales sin preocuparse en lo más mínimo por las consecuencias de la extracción.
 
 La iniciativa de ley de minería presentada por el Ministro de este gobierno es un sopapo a las comunidades porque se obvia por completo el tema de la participación ciudadana, acaso porque se da por sentado que un pueblo bien informado rechazará proyectos que dejan tan poca utilidad al país.
 
 Creemos que es indispensable que el Gobierno tome en cuenta la presión social existente que se deriva de una genuina preocupación de la gente por las consecuencias de la minería. No hay que buscarle tres pies al gato para entender una protesta que resulta totalmente lógica en el marco de la forma como se otorgan las concesiones en este país tan corrompido y por lo tanto el Gobierno no puede ni debe poner oídos sordos ante los reclamos.

Minutero:
El tema de la minería 
puede voltear la tortilla; 
cuando hay tan fuertes tensiones
se alborotan las naciones