El sistema educativo de Guatemala ha sido objeto de mucha propaganda en los últimos gobiernos que blasonaron de haber realizado avances significativos en esa vital área de la administración. Sin embargo, la visita del Relator especial de Naciones Unidas para el tema de la Educación y su informe preliminar han sido lapidarios porque se puso en evidencia que sufrimos de serias carencias, empezando por un déficit muy grave en la inversión que el Estado tiene que hacer.
Con razón en el gobierno pasado pusieron toda clase de obstáculos a la visita de este Relator que se había programado para el año anterior, pero evidentemente el maquillaje de las cifras y las alteraciones estadísticas que hizo el Ministerio corrían riesgo de ser descubiertas y por ello no se facilitó el viaje del funcionario internacional. Especialmente tenían interés en ocultar la forma en que manejaban el programa de autogestión educativa, porque el mismo era presentado como el traslado de responsabilidades a los padres de familia cuando, en la práctica, era una componenda para que fundaciones privadas se hicieran cargo del manejo de los fondos de la educación, sin que fueran fiscalizados.
Por ello una de las primeras conclusiones del Relator fue el aplauso a la decisión de clausurar Pronade por considerar que era una forma de privatización de la enseñanza. Y es que una cosa es darles participación a los padres de familia en la fiscalización del trabajo de los maestros y otra muy distinta el traslado de fondos públicos a entidades privadas, que era al final de cuentas lo fundamental del programa.
La necesidad de invertir más en educación y combatir las fallas existentes es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Los patrones internacionales indican que los Estados debieran invertir un seis por ciento del PIB en educación y en el caso de Guatemala el aporte estatal no llega ni siquiera al dos por ciento. A ello debe sumarse que no hay control de calidad de la enseñanza privada, a la que tiene que recurrir la población por la deficiente oferta de la enseñanza pública y el resumen es que no sólo se invierte poco, sino se invierte mal.
La cantidad de dinero es importante, pero más aún es la calidad de los programas y hay que ver que el magisterio mismo se ha opuesto muchas veces a las propuestas de reforma que, por supuesto, exigen de ellos más calidad y dedicación. El Relator pudo ver en pocos días las carencias, sin descubrir en realidad nada nuevo; pero es a nosotros que corresponde entender el porqué de un problema demasiado añejo y el cómo de las soluciones posibles.