La Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) realizan investigaciones en contra de la jueza Carol Patricia Flores Polanco, derivado de sus resoluciones en el caso contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.
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Las denuncias que dieron pie a estas pesquisas fueron presentadas por Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el pasado 19 de abril, un día después de que la jueza resolviera retroceder al 23 de noviembre del año 2011 el proceso contra los generales retirados.
En dicha acción Cadena solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución de la togada, por considerar que sus fallos “evidencian que el crimen organizado se infiltró a su juzgado y debe investigarse quién la protege”.
Al respecto, Mario Amílcar Marroquín Osorio, magistrado y presidente de la Junta de Disciplina Judicial, informó que el expediente contra Flores fue remitido a la Supervisión General de Tribunales para que en 15 días se realice una investigación y se presente un informe que confrontará con la denunciada y el denunciante.
Además explicó que en base a esa información la Junta resolverá si la togada incurrió en una falta y si será necesario aplicarle alguna sanción de carácter administrativo, como una llamada de atención verbal, por escrito o suspensión del trabajo sin goce de salario hasta por 20 días.
Por otro lado, Marroquín explicó que en peticiones de destitución, la Junta envía el expediente al Consejo de la Carrera Judicial, con recomendaciones derivadas de sus pesquisas.
PESQUISAS DEL PROCURADOR
Por otro lado, información de la PDH constató que en la entidad se abrió un expediente en contra de Flores, luego de que Cadena denunciara que la jueza con sus fallos pudo haber atentado contra el derecho de acceso a la justicia contra las víctimas de genocidio por las masacres en el área ixil.
En ese sentido, el demandante solicitó que se realizara una investigación objetiva para determinar si existen indicios de responsabilidad y certificar lo conducente ante el Ministerio Público.
En tanto, el Magistrado de Conciencia solicitó informes a la Corte de Constitucionalidad, Junta de Disciplina Judicial, CSJ y a la jueza Flores para establecer si la togada incurrió en violación a los derechos humanos.
De acuerdo con la información, la jurista remitió su informe el pasado 10 de mayo y continúan pendiente de pronunciamiento las demás partes.
Según el procedimiento en relación a dichos documentos el Procurador deberá resolver la petición en dos semanas, y si se constata violación a los derechos humanos, la sanción repercute en postulaciones a cargos como funcionario en el Sistema de Justicia.
La Hora abordó a Flores para conocer su postura ante las investigaciones, sin embargo, la togada manifestó que desconocía el tema.