Durante los primeros tres meses de este año, 588 adolescentes fueron remitidos a los juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

De acuerdo a defensoras de los derechos de la niñez y adolescencia, los jóvenes son utilizados por estructuras criminales, debido a su inimputabilidad penal.
 
Según estadísticas del Organismo Judicial,  el 84 por ciento de los menores procesados son hombres y los delitos más frecuentes en los que están involucrados son asesinato, extorsión, robo y portación ilegal de armas.

Sin embargo, detrás de estos adolescentes se encuentran adultos que pertenecen a  pandillas y el crimen organizado, que los reclutan fácilmente debido a su estatus social, al punto que se convierten en “victimarios que son víctimas”, afirma Gloria Castro de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
 
Ninfa Alarcón de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala (ODHAG) afirma que la exclusión social ha convertido a los adolescentes en criminales. El poco acceso a la educación, a los servicios de salud y  la imposibilidad de tener un empleo digno son algunos factores.  “Mientras más jóvenes son más manejables para el crimen organizado”, resalta.
 
Para la profesional de la PDH, muchos de estos niños y adolescentes también han sido víctimas de violencia y maltratos dentro de sus hogares, y otros pertenecen a familias desintegradas. Aspectos que desarrollan estas  conductas en ellos, lo cual se evidencia con estos 588 casos.
 
Los centros de privación
 
Hacinamiento, poco personal y pocos programas de rehabilitación es lo que hay en los centros de privación de libertad para los menores,  que son aspectos negativos para los adolescentes que llegan ahí, comenta Castro.
 
Según Alarcón, la ausencia de programas que sean adecuados para los distintos perfiles que  hay en los centros de detención de menores, afectan gravemente a los jóvenes. “Ha habido esfuerzos, pero estos se quedan cortos con la realidad de todos estos adolescentes”, enfatiza.
 
“No se brinda más que un lugar  donde tenerlos encerrados”, dice la experta de la ODHAG. Asimismo, explica que dentro de estos lugares no los agrupan por los delitos que han cometido, más bien lo hacen por las pandillas a las que pertenecen.
 
Luego de salir de los centros de rehabilitación poseen más conocimientos sobre cómo actuar delincuencialmente, los cuales obtienen de individuos que se encuentran dentro, es un ciclo sin fin,  dice Alarcón.
 
Para ambas defensoras de la niñez, las sanciones emitidas por los juzgados contra los adolescentes en conflicto con la ley no logran su objetivo. No hay una reinserción social apropiada para los adolescentes que vuelven a estar en libertad.