El gobierno argentino recompensará con 150 mil pesos (49 mil 350 dólares) a quien ofrezca datos que permitan ubicar a un torturador de la última dictadura (1976-1983), quien se fugó de una comisaría donde estaba preso, anunció hoy el ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
El teniente coronel retirado Julián Corres, alias «Laucha», de 56 años, acusado de crímenes de lesa humanidad, se fugó la mañana del sábado de una dependencia policial de Bahía Blanca (680 km al sur de la capital argentina), cuando pidió permiso para ir al baño.
«La forma en la que se escapa, da una situación en la que no creo en los grises: o hubo una altísima cuota de negligencia o una connivencia formal», dijo el ministro de Justicia en declaraciones a la porteña radio América, al explicar la detención de dos policías.
A raíz de la fuga del militar, fue pasada a disponibilidad toda la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, inclusive su comisario.
Además fueron arrestados el inspector Juan Carlos Lastra y el cabo primero Pablo Carabajal, quienes «tuvieron el contacto directo con este personaje previo a la fuga», precisó el ministro de Justicia.
La Justicia solicitó la colaboración de las policías provinciales y puso en alerta los puestos de frontera para evitar que escape al exterior.
Corres estaba detenido a la espera de un juicio oral, tras ser señalado por sobrevivientes como un feroz torturador de «La Escuelita», un campo de exterminio de adversarios que funcionó en Bahía Blanca durante la dictadura.
«Se trata de un personaje particular y siniestro que se vanagloriaba de ser quien conducía los secuestros, era el responsable primario de los interrogatorios y era quien aplicaba la picana eléctrica, además tiene antecedentes por abusos sexuales», dijo Hugo Cañón, fiscal general de Bahia Blanca.
Tras permanecer prófugo un año y medio, Corres había sido detenido en abril por personal de Interpol, cuando caminaba en el centro de la capital argentina.
La captura se produjo por pedido del juez federal Alcindo Alvarez Canale que actúa en la causa en la que se lo acusa por secuestros, torturas, homicidio y desaparición forzada de personas.
Unas 30 mil personas desaparecieron durante la dictadura, según organismos humanitarios.