Pablo Duarte, segundo vicepresidente del Organismo Legislativo, comentó que no hubo hallazgos de espionaje en las principales oficinas de la Junta Directiva. La inspección fue limitada debido al alto costo, que alcanza los US $600 o US $800 por operación de investigación y búsqueda.
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Con la intervención telefónica es difícil su control en el Congreso y cualquier otro lugar en lo público o privado, aunque se sabe que en este país, «se encolochan los teléfonos de la gente», resaltó el diputado.
Recordó que intervenir los teléfonos es ilegal, pero el Gobierno debería esforzarse en interceptar las llamadas de secuestradores y del crimen organizado que atenta contra la vida, «no como el caso del secuestro de mi cuñado, donde había número de teléfono y área y nunca pudieron localizar a los secuestradores», confió Pablo Duarte.