El oficialismo mantiene su presión sobre la oposición para que apruebe un referendo por la nueva Constitución, mientras miles de marchistas que apoyan a Evo Morales continúan sin tregua una marcha que llegará en los próximos días a La Paz para cercar la sede del Congreso.
El vicepresidente Alvaro García Linera, quien comanda las conversaciones políticas, convocó a sesiones públicas del Congreso bicameral para mañana, para aprobar la ley de convocatoria a referendo sobre la nueva Constitución que se realizaría en febrero de 2009.
«Estamos avanzando (para un acuerdo), los obstáculos que se dieron se están superando», afirmó García, al referirse a las divergencias que afloraron en las conversaciones que se refieren al tipo de país que buscan el oficialismo y la oposición.
Partidos de derecha y centroderecha señalaron que, por ejemplo, el artículo primero de la nueva Carta Magna no reconoce la condición de «República» que Bolivia ostenta desde su fundación en 1825 y se orienta a establecer un país con características etno-centristas.
La libertad de prensa, la distribución de la tierra, la elección de autoridades judiciales por voto popular o la reelección de Morales hasta el 2019 se han convertido hasta ahora en otros escollos para un acuerdo, aunque el oficialismo confía en que éste llegará hasta mañana.
«Esperamos un acuerdo, el país lo espera», dijo el vicepresidente, aunque luego aseguró que «una minoría retrógrada y reaccionaria» bloquea el entendimiento.
Los acuerdos partidarios deben plasmarse en el pleno del Parlamento, donde sesionan de manera conjunta diputados y senadores, aunque la oposición controla el Senado y anticipó que no apoyará la ley del oficialismo, si éste abandona el consenso.
Para aprobar la Ley se necesitan dos tercios (105 de 157 escaños), según la oposición, aunque los oficialistas aseguran que sólo se necesita simple mayoría (79 votos).
La derechista Podemos, que junto a dos partidos minoritarios de derecha y centroderecha controlan el Senado, lamentó que el vicepresidente García haya llamado a sesiones públicas, cuando negociaciones están en curso y que demandan más tiempo, dada la naturaleza del tema que se discute.
«Este tipo de presiones, como el convocar a sesiones o marchas (de sindicatos campesinos pro gubernamentales) sin que todavía haya acuerdos entre los partidos, son escollos para ese acuerdo que se está buscando, porque es imposible un entendimiento en algunos días de diálogo», afirmó el presidente del Senado el opositor, Oscar Ortiz.
El dirigente político reconoció que hay temor de parlamentarios opositores por la marcha de unos 10 mil campesinos, indígenas y obreros leales al presidente Morales que se acerca a La Paz, con el objetivo de presionar al Parlamento a dar luz verde al llamado a plebiscito por la Constitución.
La marcha -que comenzó el lunes, recorre una ruta andina desde el sur de la capital y cuenta con el apoyo del presidente Morales- terminaría su faena entre el domingo y lunes, mientras sus promotores aseguran que no habrá violencia en la capital boliviana.
La crisis política boliviana aún no vislumbra la luz al final del túnel, pues persisten las divergencias entre el oficialismo que apuntala un nuevo país con fuerte dosis indígena y la oposición que apoya los gobiernos autónomos de corte liberal.
Una fuerte crisis estalló en septiembre con protestas cívicas en cinco de los nueve departamentos del país contra Morales, que desbordaron la violencia en el país. Se teme que ésta resurja si no hay acuerdo en el Parlamento.