Silvia Judith González Centeno, oficial octava del Juzgado Cuarto, regresó esta mañana a la prisión preventiva ya que no hizo efectivo el pago Q100 mil de fianza impuesta por la jueza contralora de su proceso.
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La sindicada es procesada porque supuestamente solicitó la suma de Q150 mil a un litigante, para «favorecerlo» en al menos 17 procesos que en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, donde ella laboraba, se tramitaban.
A las 8:30, González Centeno fue traslada de la prisión hacia el juzgado Quinto Penal, para que cancelara el monto de la fianza, sin embargo, se confirmó que no la había pagado, por lo que regresó a la prisión.
PROCESADA
El viernes último, la trabajadora del Organismo Judicial (OJ) fue capturada frente a las oficinas de la del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en la zona 1, cuando salía de una inspección ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente fue trasladada hacia el Juzgado Sexto de Primera Instancia, el cual había ordenado su captura por pretender extorsionar por Q150 mil al abogado Mauricio Izquierdo, a cambio de favorecerlo en las resoluciones de 17 procesos judiciales donde éste litigaba.
La jueza Silvia De León ligó a proceso a la oficial por el delito de cohecho pasivo y le impuso una fianza de Q100 mil, la cual no canceló ese día por lo que pasó el fin de semana en la prisión.
De León también le prohibió salir del país y firmar el libro de asistencia cada mes en la citada judicatura.
Esta mañana, policías del Sistema Penitenciario trasladaron a González Centeno al Juzgado Quinto Penal, el cual tramita los procesos del Sexto por vacaciones para que hiciera efectivo el pago de la fianza de Q100 mil, pero no la canceló por lo que regresó a la prisión preventiva para mujeres.
La fiscalía argumenta que la trabajadora judicial efectuó llamadas telefónicas el 24 de noviembre último, en las cuales exigía al jurista denunciante, dinero a cambio de agilizar los procesos en los que Izquierdo era litigante.
Las evidencias presentadas en contra de González Centeno fueron las grabaciones de tres llamadas telefónicas efectuadas por la oficial, las cuales fueron otorgadas por el jurista extorsionado.
DETALLES
El delito de cohecho pasivo, por el que es procesada la trabajadora del OJ, contempla una sanción de cárcel de dos a ocho años y una multa de Q10 mil a Q50 mil, según el artículo 439 del Código Penal.
Sin embargo, el juez Rocael Girón, presidente del Juzgado Cuarto Penal, denunció a la oficial de esa judicatura por cuatro delitos más: extorsión, calumnia, injuria y difamación.