Desde ayer y durante los próximos días, el Ministro de Finanzas estará realizando una intensa ofensiva para promover la reforma fiscal que presenta como propuesta de la Comisión de Apoyo al Pacto Fiscal y producto de los Acuerdos de Paz y que, según dice, ha contado con el respaldo técnico del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria y de diputados de las distintas bancadas al Congreso de la República.
Obviamente en cualquier propuesta fiscal siempre veremos que hay puntos específicos que provocan reacciones adversas de quienes se sienten afectados y así veremos que los asalariados cuestionarán la parte que les afecta, mientras que los consumidores lo harán en relación con lo que afecta precisamente el consumo. Pero ni los políticos, ni la prensa, ni la opinión pública en conjunto tienen realmente vela en un entierro que se decidirá al final de cuentas por lo que digan los grupos empresariales organizados que son los que pueden vetar las decisiones políticas o en último caso recurrir con certeza de éxito, alegando inconstitucionalidad de las leyes tributarias.
Cierto es que el cabildeo del Ministro de Finanzas y su alta exposición en los medios ahora para promover la reforma es importante desde la óptica del gobierno porque puede facilitar la articulación de una importante base de apoyo para las modificaciones al sistema de impuestos vigente. Los grupos sindicales y otros de la organización social que claman por mayores inversiones estatales para atender la demanda de la población, seguramente que se irán manifestando en apoyo de los cambios que se han propuesto, pero no podemos ignorar que la influencia de los grupos de presión también resulta relativa y que en el tema fiscal la que tienen los grupos empresariales ha sido históricamente decisiva.
¿Podrá el gobierno actual romper con la tradición de que los impuestos que no son aceptados por los empresarios están condenados a fracasar? Ignoramos si la apuesta del Ministro de Finanzas va en el sentido de ablandar las oposiciones de los grupos de poder económico mediante una ofensiva ante la opinión pública para explicar las bondades de una reforma fiscal, pero esa estrategia pocas veces ha dado resultado por aquella terrible certeza de que es quien tiene más saliva el que traga más pinol.
El gran argumento del debate actual que esgrimen los empresarios es que no es momento para hablar de cambios en los tributos por la crisis económica. Poco importa que el Estado, cabalmente por la crisis, requiera más recursos para atender las necesidades de la población más pobre, pues de acuerdo con esa lógica nunca habrá un buen momento para hablar de impuestos.