Como consecuencia de las amenazas de un posible atentado contra la diputada Nineth Montenegro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó desde anoche al Estado de Guatemala otorgar medidas cautelares a favor de la legisladora y su familia.
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En la carta fechada en Washington, Estados Unidos, el 25 de marzo de 2010 y firmada por Santiago Cantón, secretario ejecutivo, se expone que la CIDH se comunicó ya con el Gobierno de Guatemala, a quien solicitó «adopción de medidas urgentes a favor de las personas mencionadas».
Asimismo, en los puntos dos y tres remitidos desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitan que se concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y que se informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida.
Las autoridades estatales responsables de proteger la integridad de la parlamentaria Montenegro deberán presentar en un plazo de veinte días un informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas.
Posterior a dicho informe, el Estado, a través de quien corresponda, deberá actualizar dicha información en forma periódica y de allí la CIDH determinará si procede prolongar o levantar las medidas adoptadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió copia de la resolución al Grupo de Apoyo Mutuo y a Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.
La parlamentaria comentó que hasta la fecha ni la CICIG ni el Ministerio de Gobernación le han informado si hay algún avance en la investigación para dar con los responsables de haber lanzado amenazas de muerte que alcanzaron hasta sus asesores.