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Aunque el documento de la OEA no toca uno de los asuntos más sensibles y debatidos como es si se debe o no legalizar completamente el consumo de cocaína y marihuana, en su análisis sí menciona que «la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública».

Según el organismo interamericano, «un adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción sino tratado adecuadamente. Si no es posible pasar de la noche a la mañana a un cambio radical en el tratamiento de los adictos, al menos debería comenzarse con métodos transicionales, como las cortes de drogas, la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación».

El informe fue presentado por el secretario general de la OEA José Miguel Insulza y el presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Las «medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad», añadió la OEA en el informe.

El estudio, elaborado por mandato de los jefes de Estado de la región y tuvo un costo de 2,2 millones de dólares por vario países de la región y organismos financieros internacionales.

La Organización plantea cuatro posibles escenarios de aquí a 2025 sobre el problema de las drogas. Uno de esos escenarios identifica el asunto del uso de estupefacientes y el régimen legal de cada país, en los que en general se imponen «sanciones penales (especialmente arrestos y encarcelamiento), que se estima están causando demasiado daño».

El documento propone «probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos, iniciando con el cannabis».

Los objetivos planteados en el informe son mejores políticas de drogas, que los recursos para el control de drogas y usuarios de drogas se reasignen para la prevención y el tratamiento del uso problemático; la eliminación de algunos mercados y ganancias del crimen mediante la regulación».

Ante la ausencia de recomendaciones en el informe, el peruano Hugo de Zela, jefe de Gabinete de la OEA, dijo que no las había «porque nadie se las ha pedido».

Lo que los jefes de Estado «pidieron (a la OEA) es que haga un estudio y un análisis del problema de las drogas, pero nadie le pidió que recomiende opciones de política. Es un poco presuntuoso decirle a los presidentes lo que tienen que hacer», indicó De Zela.

El informe, defendió el funcionario, «no se queda corto sin recomendaciones porque hasta ahora lo que ha habido son esfuerzos individuales, y en una mínima medida, esfuerzos colectivos de lucha contra las drogas. Pero lo que difícilmente ha habido hasta hoy es una base común a partir de la cual se establece un proceso común de cooperación. Nosotros aspiramos a que eso sea así».

«Esto es un proceso lento, aspiramos a que los presidentes tengan un papel importante. Y el secretario general tiene la capacidad y liderazgo para conversar con los presidentes y estimular que ese proceso ocurra. Y a eso se va a dedicar Insulza. Su percepción es que este informe es un aporte inicial. Es a partir de este aporte, que él va a trabajar para que este diálogo se produzca».

Los gobiernos de la región tendrán la primera oportunidad de comentar el informe cuando se reúnan en junio durante la Asamblea General de la OEA en Antigua, Guatemala, la cual tendrá como tema central la reevaluación de las estrategias antidrogas. Pero es poco probable que la declaración de Antigua incluya un análisis profundo del informe Insulza puesto que las negociaciones sobre el texto van bastante adelantadas.

La secretaria de Estado para el Hemisferio occidental, Roberta Jacobson, expresó esta semana, cuando aseguró que no había leído aún el informe, su expectativa de que el reporte «nos educe a todos sobre cosas que se han probado, cosas que han funcionado y que no han funcionado, mientras deja que cada país al final tome la decisión soberana de cómo proceder».

En Estados Unidos, los votantes en los estados de Colorado y Washington decidieron en noviembre legalizar la marihuana para uso recreativo, pese a que la Ley federal y el resto del país la siguen prohibiendo.

El presidente uruguayo José Mujica, un exguerrillero izquierdista, ha impulsado en los últimos meses un plan para poner al gobierno a cargo de las ventas de marihuana, además de otras leyes liberales como la despenalización del aborto y la aprobación de matrimonios homosexuales.

«Nunca antes una organización multilateral se embarcó en una análisis tan inclusivo e intelectualmente legítimo sobre las opciones de una política de drogas. De hecho, era inconcebible hace solamente dos años que la OEA, o cualquier otra organización multilateral, publicara un documento que considerara la legalización», dijo en un comunicado Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la no gubernamental Alianza de Política de Drogas, en Estados Unidos.