Mientras se anuncia secretividad en los datos de MiFaPro y en los gastos de la PNC, el Gobierno hace el anuncio de la instalación del Observatorio Ciudadano del Gasto Público.

Luego de que el pasado 29 de enero se publicara en el diario oficial la resolución 36-2010 y el acuerdo ministerial 13-2010 con los que se establece como información reservada los datos de beneficiados con Mi Familia Progresa (MiFaPro) y los insumos de funcionamientos de la Policí­a Nacional Civil (PNC), hoy se realizó la instalación de una entidad que, a decir del presidente ílvaro Colom, «va más allá del gobierno, en término de calidad de paí­s y de sociedad».

El Observatorio de Gasto Público tiene como fin monitorear y analizar la eficacia del gasto en el presupuesto, la implementación de prácticas para transparentar la ejecución de éste y los mecanismos existentes para una efectiva rendición de cuentas.

Por otro lado, las publicaciones arriba mencionadas establecen que, durante siete años no se podrá obtener información, en el caso de MiFaPro para resguardar la seguridad de las personas y en el caso de la PNC para resguardar la vida de los miembros de la institución ya que éstos se han convertido en blanco del crimen organizado y la delincuencia.

Al respecto, Carlos Mencos, contralor general de la Nación, opina que las manifestaciones de la búsqueda por la transparencia deben hacerse a través de testimonios, «una mesa de diálogo, sea la que sea, no va a operar o a prosperar si no hay voluntad polí­tica», asegura.

Sin acceso a la información

Por otro lado, en el tema de la reserva de la información, Mencos asegura que, a menos que se comprometa la soberaní­a del paí­s, esto no debe suceder, y reflexiona sobre que en estas publicaciones puede haber sustento de tipo legal, pero que representan «un mal mensaje» para el pueblo guatemalteco.

Por último, el entrevistado asegura que esperará conocer las lí­neas de acción de este Observatorio, así­ como la manera en que buscarán relacionarse con otros entes fiscalizadores, entre ellos la Contralorí­a.

«Espero propuestas concretas para cambiar mecanismos de gestión y que se ponga a la vista de todos la información de los gastos que se realizan con fondos públicos», finalizó Mencos.

Mañana concluye el plazo para que mil 600 entidades del Estado entreguen a la Procuradurí­a de Derechos Humanos su informe anual sobre el cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, sin embargo, a la fecha sólo se ha recibido información de 300 entes, éstas contienen datos preliminares.

HASTA LAS MAGDALENAS

Por su parte, el ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, aseguró que la nueva entidad fiscalizadora trabajará en la búsqueda de la transparencia en todo el gasto, «desde las magdalenas hasta la carretera de Petén, los viáticos y todos los temas que se han destacado últimamente», dijo a la Prensa.