Después de una investigación a la auditorí­a a la ejecución del presupuesto 2007, se encontró que diez entidades del Estado cuentan con fondos privativos por más de Q8 mil millones y que el 79% de ese monto, decir, Q6 mil 664 millones 439 mil 504.19, no se pudo saber en que bancos se encuentran invertidos, denunció Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

Solo del 21% se determinó que está en doce bancos del sistema, gozando el mí­nimo interés de 8.5%, cuando por esas cantidades se puede negociar una tasa más alta, cercana al 11%, similar a lo que ocurrió con el dinero del Organismo Legislativo, explicó.

Talvez es justificado que tengan esa clase de fondos el Instituto de Previsión Militar y el IGSS, porque manejan pensiones de sus afiliados, pero no en los casos del Organismo Judicial, que tiene inversiones por más de Q500 millones y está solicitando ampliación presupuestaria. Tampoco la Corte de Constitucionalidad, identificada con una inversión bancaria de más de Q7 millones, dijo.

Las otras entidades que aparecen en dicha investigación con fondos privativos son: Intecap, Inguat, Infom, Inab, la SAT y las portuarias Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, apunta el informe entregado por la parlamentaria.

Otra denuncia es que durante los últimos cinco años el Congreso no ha cumplido con el artí­culo constitucional de aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, previo informe de la Contralorí­a General de Cuentas (CGC), el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior.

Ello por la conclusión del estudio, que hubo un total de 999 hallazgos por un monto de Q271.07 millones, a los cuales se les impusieron 922 sanciones económicas por casi Q 175.4 millones, que pasaron a formar parte de fondos privativos de la CGC, pero solo 22 denuncias en el Ministerio Público para investigar y en su caso castigar penalmente a los funcionarios responsables por dudas en el manejo de fondos públicos, resaltó.

Lo preocupante es que muchos de los hallazgos no se pueden fiscalizar porque se encuentran en manos de organismos internacionales. En el Organismo Ejecutivo es donde más se manejan fondos públicos que ascienden a Q40 mil millones, que es el 98% del presupuesto del Estado, explicó Montenegro.

Sobrevaloraciones

Los hallazgos más sorprendentes por anomalí­as en el Ejecutivo, están concentrados principalmente en el Ministerio de Gobernación, donde compraron computadoras a precios más altos de mercado; neumáticos que no están en las bodegas; pagos por arrendamientos de sistema de circuito cerrado de videocámaras para fiscalizar el sistema penitenciario, pero los aparatos no sirven desde el año pasado, enfatizó.

En la Dirección General de Educación Fí­sica hay duda por compra de boletos aéreos; en el Ministerio de Trabajo hay incumplimiento de control para distribuir combustible, robo literalmente; en Agricultura existen muchos convenios con IICA y Cipreda, Centro de Cooperación Internacional para Inversión Agrí­cola, organismos internacionales no fiscalizables, que gastan vehí­culos, combustible, lubricantes, repuestos, mantenimiento que no son para los proyectos que les corresponden.

También se encontró que las autoridades del agro han vendido fertilizantes y semillas certificadas a personas que sí­ tienen recursos para poder comprar, desfavoreciendo a los agricultores de bajos recursos, resaltó la diputada, entre otros, apunta el documento escrito y declaraciones vertidas por la diputada Nineth Montenegro.