Hace una semana los transportistas anunciaban que no podían seguir prestando el servicio por el aumento en los costos y que de no acceder el Gobierno al aumento de tarifa, entregarían sus unidades para que fueran administradas por autoridades nacionales. Ayer, sin embargo, aceptaron un proceso de diálogo que se prolongará hasta octubre de este año con el compromiso de que no habrá ni aumento al subsidio ni aumento a la tarifa en ese lapso, lo que nos indica que el lloriqueo de la semana anterior era un burdo chantaje porque, obviamente, sus ingresos les permiten no sólo operar sino hacerlo con ganancia porque nadie se quedaría en un negocio que no le reporta utilidad.
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El problema con el transporte urbano es que no sabe nadie a qué atenerse porque los llamados empresarios no utilizan ningún método empresarial en la administración de su negocio y ahora se confirma lo que muchos han afirmado en el pasado: que el subsidio es un negocio redondo que permite a los dueños de camionetas obtener dividendos extraordinarios, tanto como para aguantar el aumento al precio del diésel que se ha duplicado en los últimos meses.
Es tan primitivo el sistema de trabajo de esos mal llamados empresarios que no pagan sueldo a los pilotos sino que les cobran una cuota fija y el excedente de los ingresos diarios constituye la parte que corresponde a sus trabajadores. Y es importante señalar que el acuerdo alcanzado ayer con el Gobierno tiene como fundamento la existencia de suficientes utilidades para el sistema de transporte porque en octubre estarán nuevamente alegando que no les alcanza el dinero, repitiendo los argumentos que utilizaron la semana pasada, lo cual quedó en evidencia como una falsedad porque, repito, nadie hubiera decidido continuar en operaciones sin cambio alguno en la estructura de costos por cinco meses más con la terrible perspectiva de que el precio de los derivados del petróleo se mantenga en alza de manera constante como ha ocurrido en los últimos tiempos.
Ahora bien, nuevamente estamos frente a una oportunidad porque en cinco meses las autoridades tendrían que tener una propuesta más creativa y efectiva en cuanto a la atención al problema de transporte público en las áreas urbanas. No podemos seguir alimentando de forma irresponsable el bolsillo de quienes no tienen ni siquiera la obligación de poner a trabajar sus unidades porque de todos modos tienen la garantía de que mensualmente les entrará el dinero producto del subsidio, mientras que sus pilotos cobran más de la tarifa establecida desde horas de la tarde porque saben que ello es lo que les permite mantenerse.
El Gobierno debiera convocar a quienes conformaron la multisectorial del transporte para aprovechar la valiosa información que recabaron y que puede y debe servir para que se establezca un nuevo sistema de transporte que rompa por completo con el molde actual basado en un remedo de empresas que no son eficientes ni económicamente ni, mucho menos, en cuanto a la calidad del servicio que prestan al usuario. Y el gobierno debe aprovechar el compás de espera de cinco meses para avanzar de forma tal que la solución final no sea seguir tirando el dinero a la basura con ese subsidio que viene a ser otra forma escandalosa de dilapidar corruptamente los fondos públicos.