A la forma de hacer prevalecer las demandas del grupo denominado Estudiantes por la Autonomía, EPA, le ha sobrado cobertura, pareciera que también ha logrado permear al Consejo Superior Universitario, incluyendo a su reelecto Rector y con ello, de paso, nos ha mostrado una cara que de alguna manera había permanecido oculta. La universidad está obstruida, paralizada. El flujo de recursos diarios que le corresponden al presente ejercicio fiscal, así como el tiempo académico, son capitales perdidos. Ahora los enemigos de la Educación Superior cuentan con mayores argumentos para justificar su rechazo a la «universidad estatal». El producto derivado de la obstrucción es, también, el escenario para encender pasiones en sentidos antípodas.
wdelcid@intelnet.net.gt
En los últimos días se ha pretendido llevar el planteamiento de EPA a momentos en cuya entereza, el Movimiento Estudiantil Universitario recogió las demandas populares, las hizo suyas y las consagró, inclusive con la sangre de sus mártires. También en este lapso se ha ridiculizado a los encapuchados al extremo de calificarlos como dinosaurios reciclados de causas históricamente fracasadas. Más allá de los epítetos, las comparaciones odiosas y el desborde de pasiones en uno u otro sentido, el caso concreto es una medida de hecho que propicia una dilapidación del único recurso no reutilizable: el tiempo.
Pareciera que no es fructuosa la mediación del Procurador de los Derechos Humanos. El punto, además de la obstrucción es una obstinación que implicaría la petición para el incumplimiento de la ley, para ser más precisos, la repetición de elecciones en claro desacato al fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad. Que de pronto el contenido de este fallo no es «justo», puede ser. Es una resolución emitida por seres humanos, en consecuencia puede estar defectuosa, ser un fallo equivocado. Puede ser (de hecho en otras ocasiones hemos visto como aún y en medio de su grandilocuente argumentación jurídica, el contenido, la esencia de lo resuelto es un verdadero mamarracho), pero el caso es que hemos de acatar la ley en tanto su vigencia esté latente. Nos guste o no.
Por aparte, esta conflictiva situación ha originado la innovación hacia otras medidas y acuerdos entre estudiantes y profesores. Bien por la academia y el cultivo del saber. Sin embargo, esta situación está dejando en nuevos problemas a los asalariados universitarios (docentes y trabajadores). El problema multiplica las complicaciones. ¿Y entonces qué hacer? ¿Quién podría constituirse en garante plenamente aceptado por las partes para superar el pantano actual?
No es dable el uso de la fuerza como preconizan los sempiternos enemigos de la tricentenaria. Un desalojo, por más mediado que pueda ser podría derivar en lamentables consecuencias. Nadie en su sano juicio estaría por el uso de la fuerza. En consecuencia tal planteamiento es desechable, por deleznable.
Pero quizás la cara oculta, ahora develada, sea la tendencia pronunciada de nosotros, la sociedad guatemalteca en su conjunto, al rechazo pertinaz en contra de aquello que se opone a nuestras pretensiones. Podremos tener o no la razón, pero pareciera que la raíz de la franca tolerancia hacia la impunidad se localiza en esta actitud opositora a nuestra manera de entender, percibir, conceptualizar o descifrar nuestros propios intereses. La obstrucción a la universidad devela otra característica de lo guatemalteco y que se suma a las tradicionales contradicciones de una sociedad caracterizada por la negación de oportunidades a las mayorías poblacionales.
El punto de arranque para una salida negociada y pronta, debe fundamentarse en la aceptación de unas bases que permitan superar las actuales condiciones normativas, sin caer en desacato a las mismas. En un diálogo que tenga la posibilidad de visualizar un futuro más allá de los próximos meses. Que vislumbre un horizonte aún más prolongado, en el tiempo y en otros desafíos.