El Ministerio Público debe investigar miles de crímenes y delitos de todo tipo, y para eso depende de una gran cantidad de instituciones públicas y privadas, en las que se incluyen comercios, bancos, ministerios y secretarías, entre muchas otras.

Así como el trabajo interinstitucional es clave para obtener buenos resultados en la investigación, también se presentan obstáculos legales, presupuestales o circunstanciales que impiden el cumplimiento de objetivos, a la vez que la falta de voluntad de algunos actores dificulta el trabajo.

La Fiscalía es solo un eslabón en la cadena del Sistema de Justicia; en el armazón de la investigación y la persecución penal participan diversas instituciones públicas y privadas que definen, en la mayoría de temas, qué casos llegarán a ser judicializados.

Por ejemplo, en los casos de “crímenes de sangre”, los principales actores, junto con la Fiscalía, están la Policía Nacional Civil (PNC), por medio del Departamento de Investigación Criminal (Deinc) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que tienen una intervención crucial.

En el caso de los delitos de “cuello blanco” o corrupción, la Contraloría General de Cuentas (CGC) juega un papel clave, así como los bancos y las instituciones registrales; además en temas relacionados al narcotráfico, actúa Servicios de Análisis e Investigación Antinarcóticos (SAIA), entre otras entidades.

Por otro lado, en procesos de defraudación tributaria, fiscal y contrabando la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En ese sentido, cuando una institución que es parte de ese eslabón de búsqueda de justicia, actúa en sentido contrario, imposibilita la labor de investigación de la Fiscalía.

El caso conocido como La Riviera es uno de los que se encuentran en un “impasse” debido a una resolución de la SAT, que consideró “homologar” las funciones de las tiendas libres o “duty free” con las de ese depósito aduanero, que fue denunciado por anomalías en su funcionamiento.

“Se pretende exonerar a estos últimos de la afectación de pagos de impuestos, lo cual deviene inconstitucional en virtud de que el órgano encargado para crear leyes y decretar impuestos es el Congreso de la República”, refirió la Corte de Constitucionalidad (CC), en un fallo relacionado al proceso.

Según el MP existen obstáculos para pesquisar el caso, ya que la misma SAT estima que no hay defraudación y por tanto, delito alguno que perseguir, pese a que la Asociación Pro Derechos del Consumidor (Asprodeco) asegura que por medio de la exoneración de impuestos con la cual fue favorecida La Riviera, se habría defraudado al Estado por alrededor de Q150 millones.

El proceso se encuentra detenido y aunque la Fiscalía intente avanzar en las investigaciones, las trabas de la SAT no le permiten continuar con su trabajo.

Dentro del caudal de crímenes que debe investigar el MP, se presentan obstáculos no solo legales sino también presupuestales, interinstitucionales, relacionados a la capacidad tecnológica, entre otros, aunado a la falta de voluntad de algunas entidades.

BACHES EN EL CAMINO

Javier Monterroso, asesor de la fiscal general Claudia Paz y Paz, señaló que el trabajo de investigación se realiza en conjunto con las diversas entidades, que dependiendo la materia, tienen injerencia. En ese sentido lamentó que la tarea de coordinación, tanto a lo interno como lo externo, se realiza bajo ciertos niveles de efectividad.

“El Ministerio Público debe tener una gran capacidad de especialización de los fiscales y de priorización de temas en su plan estratégico. La coordinación interinstitucional es compleja, porque las instituciones no están igualmente capacitadas; hay algunas que no tienen personal suficiente y otras que cuando hay un cambio, el criterio también es modificado”, indicó y citó como ejemplo la SAT, en el tema económico.

El entrevistado manifestó que sin la SAT en delitos económicos la Fiscalía no puede hacer mucho, ya que es ésta la entidad que detecta que se está evadiendo al fisco. “Si la SAT no nos da buenos casos de contrabando y defraudación, nosotros nunca lo vamos a detectar, nunca vamos a poder iniciar una investigación sobre eso. El MP actúa de oficio, pero la entidad encargada de controlar el ingreso y salida de mercaderías en las aduanas se llama SAT”, precisó.

En ese sentido señaló que la mayoría de casos de evasión fiscal que llegan a la Fiscalía, son por montos menores a Q50 mil, “un 75 por ciento de los casos”.

“¿Qué pasa?, ¿no se evade más que esa cantidad, los contrabandos grandes no existen o simplemente no se detectan?”, se cuestionó y al ser indagado en cómo proceden, acotó: “No podemos hacer mayor cosa porque la entidad encargada de aduanas es ella (la SAT); claro a veces nos llega alguna denuncia por evasión fiscal, pero es muy difícil”.

En el tema de contrabando, Monterroso explicó que están trabajando con la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando (Conacon), para detectar por ese medio el fenómeno y las estructuras, no obstante la SAT también interviene, porque luego de la localización son necesarias las auditorías, que en los procesos penales se convierten en pruebas necesarias para obtener una condena.

Por otro lado, el asesor del MP señaló que se enfrentan a una situación similar en temas de corrupción con la Contraloría General de Cuentas, encargada también de la detección de este tipo de delitos, aunque también se reciben denuncias por otros medios.

“Aunque la investigación no venga por la Contraloría en algún determinado caso si se va a necesitar su colaboración”, acotó Monterroso y explicó lo que sucedió en el caso contra Alfonso Portillo, expresidente de la República, señalado de peculado.

“El MP presentó como pruebas peritajes hechos por investigadores de la Dicri, peritos económicos. El Tribunal no le dio valor probatorio a las auditorías, porque dijo que trabajaban para la Fiscalía, las investigaciones carecían de objetividad, que debían haberse hecho por otra institución del Estado que no fuera el MP, sino por medio de la Contraloría”, anotó.

Además criticó “que ese tipo de resoluciones nos ata las manos en lo que podemos hacer”, “eso nos pasa también en el caso La Riviera, donde la SAT indicó que no se evadió al fisco y que no hay afectación para el erario público”.

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN

Erick Juárez, experto en Derecho Penal, explicó que los obstáculos están relacionados con las capacidades, habilidades, destrezas y el compromiso institucional del empleado público del MP, para dirigir la investigación, así como las capacidades que pueda tener el equipo en la escena del crimen para recabar adecuadamente las evidencias en el lugar de los hechos.

“La adecuada formación y comprensión de la dirección de la investigación también, que es un elemento distinto al desarrollo de la investigación, que le corresponde a la Policía, pero a los fiscales les corresponde con exclusividad dirigir la investigación para lo que se supone desarrolla un plan de investigación vinculado en la calidad del caso”, resaltó.

Por otro lado resaltó que en cuestión de mecanismos, instrumentos o medios resulta siendo el soporte informático y los medios electrónicos.

“Mientras no se tenga una base de datos digitales, de huellas dactilares, una base de datos de ADN, una base de datos de identificación biométrica, de todos los ciudadanos y personas guatemaltecas es imposible una eficacia y efectividad en la investigación de los delitos”, criticó.

Juárez reiteró que toda vez que se recolecten o recopilen evidencias, huellas o fluidos, es imposible compararlo si no existe una base de datos, de tal forma que es una limitante para la investigación y un obstáculo en cualquier tipo de delito.

Otro elemento íntimamente relacionado, mencionó, es el compartimiento de la base de datos del Ministerio de Gobernación en relación a las huellas balísticas, así como de registro y base de datos de armas de fuego circulado en el país, “a efecto que se pueda tener la identificación y facilidad para individualizar a personas que hayan utilizado un arma de fuego en los hechos violentos que vinculen armas”.

Además existen otros elementos que están relacionados a la prontitud y rapidez con que debe comparecer el investigador o la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) en la escena del delito.

“Un obstáculo es que en muchas ocasiones no tienen el desplazamiento rápido, oportuno o inmediato y consecuentemente la llegada del tiempo genera en un momento imposibilidad de recabar la evidencia, toda vez que puede ser expresamente manipulada o incluso puede haber sido puesta la evidencia en la escena del delito, o por circunstancias naturales como la lluvia se hayan dispersado o aislado las evidencias en una escena del delito”, indicó.

Además resaltó que existe falta de colaboración interinstitucional entre la PNC y el MP, lo cual limita una eficacia en la investigación.

“No se han comprendido adecuadamente los roles que corresponden; el policía siempre debe estar a las órdenes del fiscal en aspectos de la investigación. El fiscal tiene una dirección y jerarquía funcional”, subrayó.

El experto también resaltó el compromiso ciudadano respecto a contribuir como testigo para proveer datos y comparecer en los juicios correspondientes.

“Mientras una ciudadanía no esté comprometida con la lucha contra la delincuencia, y sobre todo su responsabilidad de señalar a los responsables cuando debidamente corresponde y le consta, obviamente va a ser una persecución penal técnica y una investigación quizás fracasada porque al final la ciudadanía es la que fortalece el tema”.

El entrevistado concluyó señalando que si el MP que es el encargado de dirigir la investigación y desarrollar la persecución penal no está fortalecido, el Sistema de Justicia Penal no puede funcionar.

PERCANCES EN LA INVESTIGACIÓN

El fiscal Juan Francisco Sandoval explicó que dentro del proceso de investigación se topan con percances como por ejemplo la carga de trabajo en las entidades que deben brindarles información; como ejemplo citó la PNC.

“Cuando es información solicitada con autorización judicial, también es tardado el tiempo para recibirla”. En ese sentido también habló sobre datos bancarios, judiciales o financieros.

Además indicó que en casos en los que la gente involucrada es política o con poder económico, los casos no caminan por la interposición abusiva de recursos judiciales.

El fiscal resaltó que cuando la investigación se retrasa, esto puede afectar el objetivo de averiguar la verdad. El artículo 323 del Código Procesal Penal, señala que el Ministerio Público deberá dar término al procedimiento preparatorio lo antes posible, procediendo con la celeridad que el caso requiera.

Según la ley cuando no existe una persona sindicada dentro del proceso, el tiempo para la investigación tiene un plazo indefinido. Por el contrario cuando existen sujetos en prisión preventiva, las pesquisas deben realizarse en un tiempo definido, es decir, tres meses.

Y por último, si la persona perseguida penalmente fue beneficiada con medida sustitutiva para evadir la cárcel, la Fiscalía puede investigar hasta por seis meses.

AUSENTE

Marco Antonio Canteo, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), indicó que el MP tiene presencia en un 30 por ciento del territorio nacional, derivado del tema del presupuesto.

“También lo afecta la gran cantidad de delitos que llegan a su conocimiento, y con los recursos que tiene yo diría que es muy difícil que cubra la totalidad y brinde un mejor servicio”, consideró.

Por otro lado consideró que un obstáculo es que aún no han sido bien desarrolladas ciertas capacidades de investigación criminal en el país, porque “Guatemala no cuenta con una Policía especializada”.

Además opinó que el trabajo en conjunto con las instituciones debería tener una mejor coordinación con la Fiscalía y que el MP debería mejorar su papel de poder en el Sistema de Justicia para ordenar y conducir los procesos de investigación.

“Todavía vemos un MP que ruega que le ayuden, cuando no se trata de eso, sino de coordinar que se colabore y poner sanciones correspondientes cuando eso no sucede”, enfatizó.

FALTA DE INDEPENDENCIA

Canteo analizó que salta a la vista la falta de independencia de la Fiscalía, cuando un Poder Ejecutivo tiene la capacidad de elegir y destituir al jefe del MP, deja en evidencia pocos avances para permitir que la entidad trabaje sin presiones.

“Debe consolidarse un modelo donde el MP goce de esa autonomía, que hace que las administraciones del ente investigador puedan perseguir sin presiones actos y delitos provenientes del poder de turno; lo contrario genera mucha desconfianza en la ciudadanía”, concluyó.