Representantes de la Marcha indígena, campesina y popular, han solicitado una reunión con el presidente Otto Pérez para abordar las cuestiones relacionadas con la asignación de tierras para las familias que fueron desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, en Alta Verapaz e Izabal, así como para dar seguimiento a las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
El informe “Los desalojos en el Valle del Polochic”, elaborado por la Oficina en Guatemala de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), revela que 732 familias Q’eqchi’s fueron desalojadas de forma violenta entre el 15 y el 18 de marzo de 2011, debido a una denuncia por usurpación.
Los núcleos expulsados se encuentran en condiciones de vida precarias, sus medios de subsistencia son muy limitados y la falta de acceso a la tierra condiciona en gran parte su futuro, al tiempo que pone en peligro su seguridad alimentaria, destacan las conclusiones de la publicación del OACNUDH.
De acuerdo con información de Oxfam, durante la reunión con el Presidente, que fue solicitada para el 22 de abril, entregarán miles de firmas de personas de aproximadamente 50 países que apoyan las demandas de las comunidades sobre asignación de tierras e implementación de una política de desarrollo en la zona afectada.
La reunión fue gestionada para esa fecha, pues se conmemorará el Día del a Tierra, oportunidad para discutir con el Mandatario situaciones que afectan el acceso a la tierra, la soberanía de los pueblos indígenas, la sustentabilidad y la protección de los recursos naturales, señala la información.
Rosalina Tuyuc, en un video mensaje, se solidarizó con las mujeres del Valle del Polochic que fueron afectadas por el despojo de sus tierras y exigió justicia en el caso, pues sus derechos fueron y están siendo violentados de distintas maneras.
En el marco del su 35º Aniversario, el Comité de Unidad Campesina (CUC) anunció su respaldo el día 22 de abril; por medio de una fuerza organizada, popular y democrática se puede evitar que continúe el cierre de espacios de participación, concluye el boletín de Oxfam.