Observan tinte electoral de polí­ticos en discusiones por reformar la Constitución


Las propuestas para reformar la Constitución destacaron en la agenda del Congreso a lo largo del 2010, lo que según expertos obedece a intereses electorales de quienes tienen impedimento para participar en la contienda por la Presidencia en los próximos comicios generales.

Gabriel Herrera
gherrera@lahora.com.gt

El último borrador de discusión para realizar reformas constitucionales en materia de justicia y seguridad llegó al Congreso desde el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que sumó a las propuestas planteadas tras la firma de los Acuerdos de Paz y las impulsadas por la agrupación Pro Reforma.

Pero además de las propuestas citadas, ha trascendido el interés de agrupaciones polí­ticas para modificar artí­culos especí­ficos de la Constitución, que obstaculizan candidaturas presidenciales de personas que tienen impedimento constitucional para participar en los comicios.

Esto, a pesar de que expertos en la materia encuentran serias violaciones a la legislación en el interés de modificar o suprimir los artí­culos pétreos de la Carta Magna.

Mario Fuentes Destarac, especialista en derecho constitucional, incluye en el análisis la polarización polí­tica en el paí­s y considera que en juego se encuentran intereses personales, por lo que se vislumbran candidaturas particulares que quisieran plantearse, pese a la expresa prohibición que expone la Constitución en los artí­culos 186 y 187

«Por ejemplo, el ex presidente ílvaro Arzú; la actual primera dama de la Nación, la señora Sandra Torres de Colom; la de la diputada Zury Rí­os, tienen un particular interés», dice Fuentes Destarac.

«Debe haber una reforma constitucional en función del fortalecimiento institucional, pero dudo yo que en estos momentos realmente sea ese el objetivo; más bien creo que se va a ir circunscribiendo a tratar que esas candidaturas sean viables», agrega el especialista.

Carlos Molina Mencos, ex integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dice que el Congreso de la República tiene la facultad de hacer las modificaciones a la Constitución que considere pertinentes, a excepción de los artí­culos que contienen las garantí­as individuales y los artí­culos que se refieren a la sucesión presidencial o la reelección.

Si el fin último fuera reformar el artí­culo 187 Constitucional, Molina Mencos dice: «O es una ignorancia total y absoluta de la Constitución Polí­tica de la República, que da la impresión que nunca la hubieran leí­do; o un abuso inconcebible».

«No creo que haya que tocarla, lo que tiene malo es muy poco», indica el ex integrante de la ANC.

«El problema también es la Corte de Constitucionalidad ¿hasta dónde va a ser lo suficientemente ecuánime cuando haya que emitir fallos polí­ticos? Eso es lo que más preocupa de todo», analiza.

SIN í‰XITO

Sobre los planteamientos, Fernando Linares Beltranena, ex integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, considera que «hay que tener cuidado con las pretendidas reformas que lo único que pretenden hacer es campaña electoral y que no tiene pronóstico de éxito».

«Desde 1985 hubo pocas reformas; solo dos desde el tiempo de Ramiro de León Carpio. En este caso muchos otros han pretendido reformar la Constitución, desde incluir los Acuerdos de Paz hasta la reforma de Pro Reforma, y no fueron exitosas», refiere el experto.

«Estas que se mencionan, solo son llamarada de tusa, cortinas de humo, solo tambores que suenan y no tendrán ningún éxito, porque en año electoral no se debe pretender hacer reformas serias a nuestra Carta Magna». «Si hubiera una discusión seria a nivel académico, no polí­tico, yo estarí­a de acuerdo que se hicieran algunas reformas, pero no solo reformar para que puedan los parientes entrar a jugar la Presidencia», aclara.

Y el de aumentar a cinco años el perí­odo presidencial en el Ejecutivo: «al tercer año ya estamos chinos de cualquier gobierno y ya es tiempo para el cambio».

INICIO

Para asegurar que las reformas sean pertinentes con las necesidades del paí­s, algunos expertos consideran que deben efectuarse fuera del marco electoral. Paulina Cruz, de la organización Acción Ciudadana (AC), dice que serí­a necesario que el gobierno electo en 2011 emprendiese un modelo de reformas que consiguiera un nuevo Estado, que fuera viable.

De acuerdo con la experta, un aspecto fundamental que tiene que ser reformado es la Ley de Servicio Civil, porque regirá la selección de funcionarios públicos, cómo va a ser su permanencia y carrera y cómo se van a retirar.

Además, argumenta que reformar la Ley del Servicio Civil va a garantizar que los funcionarios públicos sean electos a través de la «meritocracia» y que no estén en los cargos públicos solo por favores o por deudas que los partidos polí­ticos contraen durante las contiendas electorales; ese es un punto fundamental que debe ser reformado, sostiene.

Por su parte, Cintia Fernández, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), recuerda que en los espacios importantes dedicados al análisis de la vida social, económica y polí­tica del paí­s, se ha tratado el tema de reformas estructurales al Estado.

«Dentro de ellas por supuesto ocupan un papel importante que tienen que ver con el tema de justicia y seguridad», comenta.

Sin embargo, 2011 por ser año electoral el tema de reformas a la Constitución no debe ser desviado hacia ese aspecto. La viabilidad que sí­ existe es retomar el análisis de la conveniencia de lo que se pudo haber planteado a partir de los Acuerdos de Paz, que tení­an que ver con reformas constitucionales, recuerda.

Según Hugo Noé Pino, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), cualquiera momento es oportuno para una reforma constitucional. El hecho de que sea un año electoral en que se esté planteando no deberí­a ser un obstáculo», refiere.

«Siempre y cuando los objetivos estén bastante claros y la ciudadaní­a esté informada, de que lo que en algún momento se está haciendo es actualizando disposiciones constitucionales que van a permitir un mejor funcionamiento de la actividad del sector público y privado, puntualizó».

REFORMAS LAS PROPUESTAS DEL PASADO Y PRESENTE


Propuestas de reforma sobre los Acuerdos de Paz en 1999

* Protección a la persona; comunidades indí­genas y crear una ley especí­fica; salud, seguridad y asistencia social; indemnización a trabajadores del Estado; deberes y derechos cí­vicos y reconocer los idiomas mayas.

* Potestad legislativa e integración del Congreso; prohibiciones y compatibilidades a quienes no pueden ser diputados; interpelación a diputados y sus efectos; otras atribuciones del Congreso; procedimiento consultivo; formación y sanción de la ley.

* Presidente de la República, sus funciones e integración del Organismo Ejecutivo; independencia de ese organismo.

* Condiciones esenciales de la administración de justicia; garantí­as del Organismo Judicial; derecho de antejuicio; requisitos para ser Magistrado, jueces, personal y funciones; ley del servicio civil del OJ; corte de apelaciones.

* Ministerio Público y cambios al Ejército de Guatemala.

La propuesta de Pro Reforma de 65 artí­culos fue, entre lo resaltante:

* Crear una Cámara de diputados, no tiene competencia para conocer materias propias del Senado, cuya función es emitir decretos legislativos sobre materias que le asigna la Constitución

* Crear el Senado, cuya función es emitir la ley sobre las materias que le asigna la Constitución, de acuerdo con lo que establece el artí­culo 173

* Elección de gobernadores en elecciones generales.

* El Senado serí­a el encargado de elegir al Contralor General de Cuentas en presencia de la Comisión de Postulación y a la mitad del perí­odo legislativo.

* Convocatoria a consulta popular, por el Tribunal Supremo Electoral a solicitud del Presidente de la República o el Senado.

* Revocación del mandato Presidencial, el Presidente del Senado ejerce el cargo hasta que la Cámara de diputados elige a un nuevo Presidente.

* Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, no aprobación si es deficitario o basado en especulaciones no razonables sobre los ingresos.

* Reformas a la ley Orgánica del Presupuesto.

* El jefe del Ministerio Público, será electo por la Corte Suprema de Justicia en pleno, mediante sorteo y en presencia de la Comisión de Postulación.

* Corte de Constitucionalidad integrada en dos cámaras de cinco magistrados cada uno, cargos vitalicios designados por el Senado en presencia de la Comisión de Postulación.

El Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la coyuntura actual propone reformas relativas a la justicia:

* Separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales.

* Establecimiento de un órgano administrativo superior.

* Establecer perí­odo constitucional para jueces y magistrados, con estándares internacionales.

* Carrera judicial con reconocimiento constitucional.

* Crear el Consejo de la Carrera Judicial.

* Eliminar la presidencia anual rotativa.

* Establecer un método de elección de magistrados, distinto al sistema de comisiones de postulación para el Organismo Judicial y el Ministerio Público.

* Seguridad:

* Regulación de un cuerpo civil de seguridad del Estado, con mayor estabilidad en cuanto a integración y funciones.