En conferencia de prensa, la organización Acción Ciudadana denuncia anomalías en el proceso de reconstrucción en San Marcos, luego del terremoto en noviembre pasado y que afectó a miles de guatemaltecos de esa región del país. Esta entidad realiza la auditoría social en este caso.

Según la entidad, existen contratos que no cuentan con registro en el portal Guatecompras. Además, no hay información exacta en los portales de internet dedicados al tema de la reconstrucción y creen que hay duplicidad de beneficiarios.

El plan de reconstrucción que impulsó la Vicepresidencia nombrado “Plan de Acción para la Reconstrucción y Recuperación Seguras” indica que para cubrir las necesidades de inversión previamente identificadas se aprobó el monto de Q1657 millones para tal propósito.

Marvin Flores, consultor e investigador de AC, menciona que uno de los hallazgos del proceso es que la burocracia se manifiesta en la lentitud y atraso de las obras y en la identificación, asignación y ejecución de los montos destinados a la contratación de recursos y servicios.

Asimismo, se considera que no existe suficiente información al respecto que contribuya a la transparencia, porque está dispersa y no está actualizada, lo que dificulta la correcta rendición de cuentas.

“Hicimos un monitoreo en Guatecompras y descubrimos que ni el Ministerio de Educación y de Salud han contratado a las empresas o los proyectos para la reconstrucción de escuelas, centros de salud y hospitales; en el caso de Gobernación corresponde la reparación de las comisarias”, indicó Flores.

Esta situación está incidiendo directamente en la población afectada, quienes no tienen claro cuándo se solucionarán las necesidades básicas de educación, seguridad y salud, a pesar que de que en el cronograma del proyecto está estipulado que en el presente mes se debió iniciar la fase de adquisición de contratos para la reconstrucción.

Flores también mencionó que existe un vacío legal, pues el Congreso de la República no ha prorrogado el estado de Emergencia propuesto por el Presidente, condición que conlleva ilegalidad en los contratos que se adquieran en este momento, traduciéndose en aspectos adicionales que retrasarán aún más el proceso de reconstrucción en el noroccidente del país.