A través de sobrevaloración de obras, construcción deficiente y obras “fantasma”, empresas constructoras y políticos establecen negocios para enriquecerse; se trata de una práctica común, que continúa más allá del cambio de Gobierno.

Según analistas las empresas y políticos utilizan al Estado como una fuente de enriquecimiento y negocio para cancelar a financistas el pago de la campaña política.

Oscar Vásquez, de Acción Ciudadana, indicó que las empresas y funcionarios públicos han utilizado el erario público para enriquecerse lícitamente, pues se han utilizado empresas de cartón, Ong para realizar obra pública sobrevalorada que no cumple los requisitos de calidad que se requieren.

Vásquez dijo que lamentablemente la obra pública no dura, pues son obras que no cumplen con los estándares de calidad que necesitan para la durabilidad de estas obras, “todo país desarrollado tiene una infraestructura robusta, carretera y edificios que duran veinte años, que no es el caso nuestro, ya que con cada invierno que pasa las carreteras son peores”. 

Cristhians Castillo, del INPUSAC, señaló que el Estado se está convirtiendo en una nueva fuente de acumulación de capital y reproducción del capital, ya que el pago de la deuda de obra gris tiene un componente de clientelismo político que está amarrado al financiamiento de campañas electorales y tráfico de influencias.

Castillo dijo que la clase política tiene intereses muy particulares en la negociación y aprobación del endeudamiento porque también hay recursos financieros para sufragar gastos de campaña.

“No basta con solamente seguir construyendo obra gris, si esta no responde a una planificación del desarrollo y necesidades de la población o coadyuve al mejoramiento de las condiciones de vida de la población”, señala Cristhians.

SUGIERE SANCIÓN Y AUDITORÍA

Entre tanto, Ricardo Barrientos, del ICEFI, manifestó que los pagos a las empresas constructoras no se deben de realizar sin antes no se sancionan a los funcionarios que hayan violado las leyes y segundo una auditoría independiente realizada por la Contraloría General de Cuentas contrato por contrato.

La auditoría debe de separar aquellos contratos cuyas obras fueron realizadas y satisfacen los estándares mínimos de calidad de aquellos que se podrían calificar como sucios, por mal construcción de la obra gris.

Barrientos sostienen que la deuda flotante que tiene el Ministerio de Comunicaciones es ilegal, ya que los contratos mediante los cuales se adquirieron estos compromisos violaron el artículo 3 de la Ley de Contrataciones y el 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto.