Dos son los objetivos principales de los diputados que se involucran -de manera ilegal- en el “negocio” de la planificación y construcción de obras públicas: aumentar su popularidad para atraer electores, y obtener dinero mientras benefician a familiares o amigos con contratos, y cobran “jugosas” comisiones por la adjudicación de las construcciones.

Pocos son los parlamentarios que se atreven a hablar del tema, y muchos son los implicados en este acto ilegal. Así se manejan las obras y el dinero ilícito en el Congreso.

Si una escuela, un centro de salud o un proyecto de saneamiento no se construye en una comunidad que lo necesita con urgencia probablemente sea porque un diputado pidió que se edificara en otro distrito, para así quedar bien con sus electores y beneficiar con el contrato a sus allegados.

La necesidad de las personas, simplemente, no es una prioridad.

La práctica ilegal de los diputados que intervienen en la planificación y construcción de obras públicas dejó de ser un secreto hace mucho tiempo. Manfredo Marroquín, director de la organización Acción Ciudadana, dice que los diputados “meten mano” y todo lo que ha costado un año de planificación lo “echan por tierra”.

Pero pese a ser un secreto a voces, pocos ciudadanos conocen a profundidad cómo “se manejan” las obras públicas y el dinero ilícito que reciben los diputados con el objetivo de beneficiar a grupos específicos, a través del Listado Geográfico de Obras. La explicación se encuentra a continuación.

DESARROLLO CONTRA NEGOCIO

Las comunidades representadas en los 22 Concejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y las instituciones de gobierno formulan propuestas para la construcción de proyectos -alcantarillados, parques y escuelas, por ejemplo- en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia evalúa los proyectos, los integra al Programa de Inversión Pública y los remite al Ministerio de Finanzas Públicas, que a su vez prepara el Programa de Inversión Física, Financiera y Transferencias, el cual los adjunta cada año al proyecto de presupuesto y se conoce como Listado Geográfico de Obras al ser aprobado.
 
Sin embargo, este ejercicio democrático -que involucra a las comunidades y al gobierno- se interrumpe cuando el proyecto anual del presupuesto llega a manos de los diputados, en el Congreso, y las obras públicas que se planificaron en un proceso largo y cuidadoso ya no se priorizan según las necesidades de la población, sino que dependen de los intereses de los legisladores  quienes modifican el Listado Geográfico de Obras a su conveniencia.  (Vea: El Listado Geográfico de Obras)

“Esta planificación ya no responde a los intereses de la población sino a intereses individuales de los diputados”, señala Marroquín, quien considera que “la facultad de los parlamentarios es aprobarlo y no negociarlo”, por lo que su intervención supondría una ilegalidad.

Por su lado, el diputado Amílcar Pop, de la Comisión legislativa de Transparencia, critica que los diputados vean la “obra gris” como objeto de negociación bajo el argumento de que “necesitan llevar a sus electores los beneficios”. “Lo han convertido en una necesidad política electoral”,  señala el parlamentario, quien rechaza el uso clientelar de “programas como bolsas solidarias, escuelas y hasta chorritos”. 

Asimismo, manifiesta que además hay beneficios económicos, como “comisiones para el Alcalde, para la constructora, para el diputado y de los gestores; hay un manto de impunidad sistémico que por algún lado hay que empezar a desmoronar”. Pop asegura que muchos diputados son propietarios de empresas constructoras “o que el hermano es dueño de una constructora y empresas, por lo cual tienen mucho interés de ´tranzar´ la construcción de obra gris y obviamente implica una ola de corrupción muy fuerte en el país”.

“Es un mal que hay que erradicar; estamos proponiendo en la Comisión que no se discuta en el Congreso el Listado Geográfico de Obras, sino que sean las municipalidades o Concejos de Desarrollo los encargados de discutirlo, y que a partir de una tabla equilibrada de la población y los recursos se haga el Listado y no a partir de diputados”, afirma el representante.

Marroquín indica que al final, “el país es el que sale perdiendo porque se invierte en cosas sin sentido”.

“Nadie ha sido claro al respecto. Se oye, se escucha, pero no se ha logrado detectar. Yo imagino que esta imagen se fue volviendo espuria  cuando le piden al diputado que intermedie o ayude a la comunidad y se vuelve un negocio, el cual priva a la empresa constructora dar información de los actores que intervienen”, dice la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

CLAMAN POR TRANSPARENCIA

Jonathan Mencos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Financieros, expresa que existen altas probabilidades de que se den negociaciones entre diputados y empresarios relacionados en el sector construcción, que giran en torno al Listado Geográfico de Obras y sus intereses particulares.

“La obra pública debería de responder a problemas de desarrollo y no a beneficios económicos personales. En materia de transparencia es indispensable hacer cambios para saber a quién se le está otorgando la obra y si esta cumple con los respectivos estándares de calidad”, enfatiza el experto.

Rubelio Recinos Correa, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, refiere que el Listado de Obras grises debe definirse de acuerdo a las necesidades de cada municipio, que es contemplado por medio de los concejos comunitarios, municipales y departamentales.

En ese sentido, considera que la vigilancia de los alcaldes y las comunidades sobre los proyectos es fundamental, para evitar que los recursos se direccionen a lugares donde no corresponden obras.

“Los diputados tienen un grado de poder elevado sobre a dónde irán dirigidos los recursos del Estado. Lo que se debe hacer es transparentar la forma hacia dónde se están destinando los recursos y vincularlo al tema de desarrollo”, señala Mencos.

 “El gobierno actual se ha comprometido con la aprobación del pacto fiscal y ahora debe comprometerse en la aprobación de leyes de transparencia que mejoren la calidad del gasto público”, agrega.

EL ARTÍCULO INCÓMODO

En el Congreso se encuentra la iniciativa de ley contra el enriquecimiento ilícito, que en conjunto con otras dos propuestas tiene dictamen favorable, por lo que podría ser enviada al pleno para su discusión y aprobación.

Entre los puntos más importantes de la iniciativa 3894 -que no se encuentran en el dictamen- destacan la estipulación del enriquecimiento ilícito como un delito, y además, el establecimiento de responsabilidades penales no solo para funcionarios sino también para empresarios involucrados en actos de corrupción, lo cual se considera un “artículo” incómodo para varios grupos en la sociedad.

Pop dijo recientemente a La Hora que tanto los corruptos como los corruptores deberían estar sujetos a la ley, al punto que consideró ese artículo como “esencial” dentro de la iniciativa.