Los responsables directos de la crisis institucional provocada en el caso del Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación son los miembros de la Comisión de Postulación que se sometieron a las presiones de los grupos paralelos y de la cuñada del presidente Colom (aliados visiblemente en el proceso) y por lo tanto no pueden volver a realizar el mismo trabajo porque se tiene que dar por sentado que harán exactamente lo mismo, como se demostró cuando se pasaron por el arco del triunfo la resolución de la CC que les ordenó valorar la honorabilidad.
La Corte de Constitucionalidad, cumpliendo un papel histórico al preservar la institucionalidad del país de la misma manera en que lo hizo tras el serranazo, sugirió en su resolución que los miembros de la Comisión de Postulación tendrían que inhibirse porque ya conocieron en este proceso. Pero a la luz de lo que hicieron en realidad esos individuos, la misma Corte tendrá que ordenar su inhibitoria porque no hay forma de justificar que los mismos que metieron al país en el laberinto sean los que ahora deban realizar el nuevo proceso para salir del atolladero. Y es que no puede hablarse de honorabilidad de esos postuladores porque es obvio que terminaron postulando a los candidatos de los poderes ocultos, pactados entre el crimen organizado y el Gobierno representado nada más y nada menos que por la misma hermana de la esposa del Presidente que actuó de manera pública en la manipulación, por lo que hemos insistido en que el Gobierno no es ajeno, ni por asomo, a la grave crisis que forzó a la renuncia del titular de la CICIG. Algunos podrán haber cedido a la presión y las amenazas muy serias que recibieron, pero aun éstos tenían que haber tenido la honorabilidad de renunciar en vez de prestarse a un juego que puso a las instituciones del país al servicio de una funesta ambición política y de sus aliados en los poderes paralelos. Un proceso en el que participen los mismos postuladores estará, de entrada, viciado y será la más absoluta garantía de que no tenemos salida constitucional. De allí nuestra postura en el sentido de que si los postuladores no se inhiben y si los que actúen no valoran seria y públicamente la honorabilidad, la Corte de Constitucionalidad tendrá que volver a intervenir para preservar a las instituciones e impedir el asalto burdo que se está perpetrando gracias a la distorsión de un sistema que fue pensado para privilegiar la decencia y la capacidad académica, pero que terminó manoseado por perversas intervenciones que ya son de pleno conocimiento público.