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Emiliano Xé, de 50 años, ajustará el 15 de noviembre próximo tres años de estar instalado en la vera del camino, a un kilómetro de Santa Catarina La Tinta, Alta Verapaz.

í‰l, su esposa, sus seis hijos e igual número de nietos, junto con 178 familias, han sido desalojados en dos ocasiones de la finca La Moca, en Senahú, del mismo departamento, propiedad de un alemán, que decidió abandonar a los trabajadores a su suerte -en el año 2000- para escapar sin aparente razón y sin pagarles sus prestaciones.

Don Emiliano dedicó 28 años de su vida en esa hacienda; sin embargo, contó sobre pobladores que laboraron entre 40 y 50 años, y que al igual que él, se les incumplió el pago de sus prestaciones.

Los despidos injustificados de miles de campesinos que laboraban para grandes fincas cafetaleras, representan apenas una de las razones que impulsan las ocupaciones. A ello se suma la falta de pago de sus salarios y prestaciones laborales o el desplazamiento o desalojo forzoso de comunidades ante la construcción de una carretera o la implementación de algún proyecto, sin el consentimiento de las mismas.

ESTRUCTURA

El desplazamiento forzado de estas poblaciones es producto de la existencia de tensiones o problemas estructurales (económicos, polí­ticos, sociales, ideológicos); y de determinados procesos coyunturales.

En el transcurso del tiempo, poblaciones indí­genas y campesinas del altiplano noroccidental de Guatemala, han sido objeto de expulsiones, que responden, principalmente a intereses económicos poderosos.

Sin embargo, el desplazamiento interno en Guatemala tiene sus orí­genes históricos en el sistema de tenencia de la tierra, es decir, por su distribución extremadamente desigual.

De acuerdo con información del írea de Estudios de Campesinado (AEC) de la Asociación para el Avance de Ciencias Sociales (Avancso), se registraron flujos de poblaciones desplazadas desde los albores del siglo 16, cuyas causas fueron diversificándose.

Sin embargo, debido a lo masivo de éstas y su proximidad a estos dí­as, los desplazamientos forzados a raí­z del conflicto armado interno son el antecedente más reciente.

De acuerdo con el estudio Polí­tica Institucional hacia el desplazamiento interno en Guatemala, de Avancso, los departamentos donde se registró el mayor número de desplazamientos masivos fueron: Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz.

La generalidad de las comunidades rurales del altiplano guatemalteco se encuentran en terrenos montañosos, bastante aisladas, con limitaciones de transporte y de la mayorí­a de servicios básicos, empero, son estas áreas las más afectadas.

CODICIADAS

Según Carlos Morales, coordinador general de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), las razones primordiales que han impulsado el desplazamiento forzado de miles de campesinos, tanto en Alta y Baja Verapaz, son esencialmente intereses económicos.

Estas áreas poseen gran biodiversidad, son propicias para la exploración petrolera y de minas de ní­quel, el crecimiento de monocultivos (palma africana o caña de azúcar), construcción de represas y la influencia de la ganaderí­a y el narcotráfico, entre otras.

Con ello coincide Camilo Salvadó, investigador de Avancso, quien asegura que la polí­tica de desalojos obedece «al apoyo a la oligarquí­a agroexportadora, como al interés gubernamental en reactivar el viejo proyecto militar de la Franja Transversal del Norte, que incluye, para Alta Verapaz, la construcción de una supercarretera (…)».

A criterio del entrevistado, estos intereses están relacionados también al Plan Puebla Panamá, y al sistema de interconexión centroamericana. «Otro fenómeno que también ha provocado expulsión de estas poblaciones son las grandes plantaciones. Generalmente se asocia esto a la producción de agrocombustibles, sobre todo palma africana y caña de azúcar», aseguró.

Morales advierte que la cuenca del Polochic, en Alta Verapaz, se ha convertido, en el último lustro, en una zona económica estratégica por la inminente explotación de ní­quel y de biocombustibles que, paralelamente, tensan las relaciones sociales por viejos y nuevos conflictos agrarios.

CRIMINALIZACIí“N

Organizaciones indí­genas y campesinas aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indí­genas y Campesinas (Conic), el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), han denunciado reiteradamente la criminalización que se hace de las ocupaciones, cuya polí­tica se evidencia en los desalojos violentos que el mismo Gobierno autoriza.

Salvadó considera que un primer elemento que influye en esta situación serí­a que, «desde la Cámara del Agro, CACIF y otras entidades similares y el mismo Estado hablan de usurpación como una figura legal, para implementar estas acciones, pero las organizaciones campesinas no lo consideran como tal, sino como una ocupación, que conlleva otros elementos».

Entre el gobierno anterior y el actual se han expulsado unas tres mil familias, en las Verapaces, donde actualmente entre 100 y 150 familias están en riesgo de ser desalojadas, aseguró el representante de UVOC.

«Aunque no de forma tan abierta y activa como la Gana, la UNE, al promover la continuidad de las polí­ticas económicas de dicho gobierno, tiene una polí­tica de desalojos implí­cita», consideró Salvadó.

En 2008, según autoridades del Consejo Nacional de íreas Protegidas (Conap), se han registrado siete desalojos en áreas protegidas, sólo en el departamento de Petén, en la Reserva de la Biósfera Maya y uno en la Laguna Lachuá, Alta Verapaz.

IMPACTO

Don Emiliano narró cómo, a raí­z de un inmenso esfuerzo colectivo, las familias expulsadas dos veces de la finca La Moca -entre enero y abril de 2006-, lograron alquilar algunas cuerdas de tierra para sembrar maí­z, lo cual les permite sobrevivir el dí­a a dí­a.

De las 179 familias desplazadas, unos 75 niños están en edad escolar, por lo que luego de negociar con el alcalde les ofreció el pago de un maestro que imparte todos los grados de primaria en el sitio donde habitan.

Carlos Morales, de UVOC, enfatiza que la desintegración de la familia es uno de los problemas más serios que afrontan estas comunidades. «Papá y mamá no pueden mantener a la familia y las señoritas migran para trabajar como domésticas, los patojos también migran, ya no continúan con sus estudios los niños», refirió.

Según Morales, las personas salen a buscar trabajo por dí­a o por semana, para poder alimentar a su familia a veces cultivan alguna cuerda o dos de maí­z, otros retomaron la tierra para sembrar.

«Las personas quedan enfermas, no solo por los golpes (durante los desalojos violentos) porque ha quedado mucha gente herida, no sólo en lo fí­sico, sino sicológicamente. Hay desnutrición de infantes y gente mayor que no tiene vivienda digna, solo colocan nailon para dormir», se lamentó Morales.