El presidente Barack Obama enfrentaba reclamos hoy de detener las deportaciones de inmigrantes en situación irregular, un día después de declarar que la reforma inmigratoria estaba muerta y anunciar planes de proceder por su propia cuenta.
Al mismo tiempo, crecía la oposición republicana a la estrategia del presidente, lo que daría lugar a un choque sin desenlace previsible en este año electoral.
Este se desarrollará contra el trasfondo de una crisis en pleno desarrollo en la frontera con México, donde han arribado miles de niños centroamericanos no acompañados por adultos que huyen de la violencia en sus países, un hecho imprevisto que ambas partes tratan de aprovechar en beneficio político propio. Obama dice que la presencia masiva de niños en la frontera constituye un poderoso argumento a favor de la reforma, en tanto los republicanos argumentan que las políticas de Obama causaron el problema.
En un panel sobre inmigración en la sede de la AFL-CIO el martes, el presidente de la federación sindical, Richard Trumka, dijo que la próxima tarea es exhortar a Obama a tomar medidas para frenar las deportaciones, que han alcanzado cifras récord durante su gobierno.
«Si nos mantenemos unidos y actuamos con audacia, yo creo que el presidente actuará con audacia, y esas medidas audaces, hermanos y hermanas, elevarán nuestra economía y volverán a nuestro país más justo», dijo Trumka. «Hermanos y hermanas, tenemos mucho trabajo por delante, sugiero que empecemos».
Los panelistas se comprometieron a castigar políticamente a los republicanos por no abordar el proyecto de ley de inmigración aprobado por el Senado, de mayoría demócrata, hace un año, pero detenido en la Cámara de Representantes.
«Nos aseguraremos de hacer saber a todos que la responsabilidad corresponde directamente a los legisladores republicanos y al presidente (de la cámara baja John) Boehner», dijo Janet Murguía, titular del Consejo Nacional de La Raza.
Pero en un indicio de las dificultades que enfrentará Obama para satisfacer los reclamos, Trumka y Murguía exhortaron al presidente a emitir permisos de trabajo a quienes hubieran podido optar por la ciudadanía bajo el proyecto del Senado, que hubiera legalizado a muchas de las 11,5 millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país.
Por su parte, Boehner y los legisladores republicanos han anunciado planes para demandar a Obama por tomar medidas ejecutivas, y han dicho que nuevas medidas de ese tipo endurecerán la oposición.
«Si el presidente insiste en declarar una amnistía por orden ejecutiva, enfrentará sin duda una demanda y se encontrará nuevamente en violación de la constitución y la ley», dijo el representante republicano texano Lamar Smith.