Las reformas a la Constitución que pretende el régimen actual arrojan más dudas que certeza y lejos de inspirar confianza, levantan suspicacias. Es innegable que existen un par de aspectos positivos, pero no lo suficientemente convincentes para hacer que la reforma, a mi juicio, valga la pena. Tan sencillo como que no se contempla cómo se erradicarán los fideicomisos.

El título de la presente columna pretende ejemplificar que el Presidente y sus asesores o no entienden el problema, o lo entienden tan bien que la reforma busca, de forma oscura y peligrosa, algo que los guatemaltecos no estamos viendo en medio de la celeridad con la que están manejando el tema.

No se puede pretender que las modificaciones que desean a la Constitución vayan a cambiar el país si el Gobierno no ha decidido centrar la transparencia y la lucha por erradicar los males que la empañan, como su eje principal. El país cambiaría si nuestro Presidente y los políticos dejaran de utilizar la transparencia como una cantaleta y se dedicaran a admitir, denunciar y explicar cómo es que funciona nuestro maltrecho sistema, para que a partir de ahí, podamos encontrar las soluciones.

No podemos hablar de reformas a la Carta Magna y menos en las que se elimina la consulta popular, sin que exista una reforma política cuya base sea el financiamiento de los partidos políticos. Francamente, sin enfrentar ese flagelo, lo mismo da que sean 158, 140 o que se elijan por 60 distritos a los diputados, dado que llegue quien llegue, responderá a los mismos intereses e influencias a los que sirven el día de hoy.

Pretender que con la sola creación de la Carrera Judicial (que de paso sí es necesaria, pero no se requiere de una reforma constitucional), del Consejo Superior del Organismo Judicial (que elegiría Magistrados de Sala), que los magistrados duren nueve años y que estos elijan a la Corte de Constitucionalidad, el sistema de justicia se transforma, es ser muy iluso o demasiado vivo para terminarle de entregar todo el poder a quienes hoy son los grandes ingenieros del secuestro de uno de los poderes del Estado.

El Ejecutivo ha justificado los tambores de reforma, diciendo que con el Estado actual poco se puede hacer. Pero eso no es culpa de nuestra Constitución, eso es culpa de un sistema que todos hemos decidido mantener y que los políticos han utilizado para acceder al poder sin rendir cuentas de financistas y del que se han valido para actuar sin transparencia en el cargo.

Sin una reforma política que se pueda garantizar, es una aberración pretender eliminar la Consulta Popular, porque esta termina siendo el último freno a una clase política desbocada pretendiendo la perpetración de sus beneficios, constituidos en una asamblea nacional constituyente. Resulta que el Ejecutivo no se ha mojado los pantalones para que exista un marco para combatir la corrupción, pero pretenden que creamos que se comprometerán con la reforma política.

De globos en el aire, de ideas que a veces parecen más distractores que buenas o reales intenciones, no podremos salir adelante. Otto Pérez Molina ofreció un cambio en campaña, pero este solo ha consistido en un nuevo eslogan oficial, en un cambio de mandos y colores en las sedes de las instituciones, pero no en cambios sustanciales que basados en la transparencia y la voluntad, nos permitan denunciar y cambiar un sistema perverso para la mayoría.

Este Gobierno empezó con los nombramientos ilegales, luego el uso de los mismos medios y argumentos de los otros gobernantes y terminará siendo igual o peor que sus antecesores, porque en lugar de erradicar los negocios, de enfrentar los males y cambiar un sistema que nos dé beneficios a largo plazo, se seguirán acomodando para ser más de lo mismo, desperdiciando, de forma histórica, la cultura de poder que cosechó el Presidente a través de los años.

Así como están las, la reforma, es muy, muy peligrosa y el país tiene un futuro complicado.