Cuando el 29 de diciembre de 1996 se firmó la Paz en Guatemala, la población asumió que la violencia organizada, la política contrainsurgente y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, practicadas por el Estado y sus agentes, quedaban superadas y que por lo tanto, tales conductas abusivas nunca más se volverían a repetir, ahora nos damos cuenta que esa creencia de buena fe, fue una completa equivocación porque desde entonces, no existe voluntad política para construir la paz en el país y más bien parece, que la represión en contra de la población se ha agudizado, en otras palabras, la oportunidad para la paz se ha desvanecido, está perdida.
Afirmo lo anterior, porque ahora los justos reclamos de la población, la defensa de la vida y del territorio, las luchas sociales en general, se siguen criminalizando, se persigue y reprime a los líderes sociales, se amenaza el trabajo por la defensa de los derechos humanos, se acusa de terroristas, desestabilizadores, enemigos del desarrollo y el progreso, a las organizaciones de campesinos, a los pobladores y organizaciones sociales que se oponen a las actividades extractivas de las empresas mineras o a la construcción de hidroeléctricas. Es decir, ahora las políticas neoliberales, los grupos oligárquicos, los gobernantes de turno y del pasado, siguen practicando la represión, la fuerza y la brutalidad policial, para acallar las voces de protesta e intimidar a la población organizada, estos grupos de poder, así como los poderes fácticos, continúan sembrando la cultura del terror, del miedo, del silencio y de la muerte.
Esta semana, el Frente Nacional de Lucha, FNL, ha expresado preocupación por la estrategia de hostigamiento y represión en contra del movimiento sindical y popular, implementado en los últimos meses, el hostigamiento, criminalización del conflicto social, amenazas de muerte, persecución a la mujer trabajadora y asesinatos de la dirigencia popular y comunicadores sociales. Por el alto costo de la vida, los cobros ilegales, el mal servicio y cortes de la energía eléctrica, más los abusos cometidos por la empresa Energuate y las distribuidoras de energía, así como, la deficiencia y los malos servicios de salud en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la corrupción, la compra de voluntades, la mala dirección de su junta directiva, la deficiente ejecución de los presupuestos sociales y la mala atención social. Por tales razones, exige al Gobierno de la República, informe de las investigaciones relacionadas con los asesinatos, las amenazas, atentados, penalización del conflicto laboral en los sectores público y privado, la persecución y criminalización del liderazgo comunitario. El FNL, demanda un diálogo social por la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica y la moratoria en la explotación minera. Advierte que, “de no establecerse un mecanismo para prevenir y resolver el conflicto social en un lapso de 15 días, tomaremos acciones más drásticas.”
Por otra parte, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC–VIA CAMPESINA en Guatemala, denuncia la represión contra dirigentes regionales contrarios al modelo extractivo. Los asesinatos de Carlos Hernández miembro de Coordinación Campesina Nuevo Día; la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO) y del comité ejecutivo del FNL. Del dirigente regional, Jerónimo Sol Ajcot de 68 años, de la aldea Chacayá Santiago Atitlán, Sololá, miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán y de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina –CONIC–. La captura del dirigente del Consejo Departamental de Occidente, Rubén Herrera. El secuestro de cuatro miembros del Parlamento indígena Xinca de Santa María Xalapán, Jalapa, la ejecución y tortura de Exaltación Marcos.
En tales condiciones, la construcción de la paz y la democracia se dificultan.