La Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres, promulgada por el Congreso de la República en mayo de 2008, ha recibido muy buenas críticas por parte de la comunidad internacional; es la única en Latinoamérica que tipifica la violencia contra las mujeres y sanciona severamente a las y los funcionarios que se rehúsan a actuar en los distintos niveles de la ruta de la denuncia.
En el marco de las Elecciones Generales 2011, que se llevarán a cabo el próximo domingo 11 de septiembre, los ofrecimientos de las y los candidatos a cargos de elección popular (presidencia, vicepresidencia, alcaldías y diputaciones), han sido insuficientes en relación con acciones que incentiven la vigencia y la adecuada aplicación de la norma.
Por el contrario, las y los candidatos, sobre todo quienes aspiran a la Presidencia, han mostrado ignorancia sobre los contenidos de la ley y poca consecuencia con las reivindicaciones y necesidades de las mujeres, pues sus ofrecimientos se apegan a dogmas religiosos, estigmatización del derecho a la salud reproductiva y revictimización de la población femenina en situación de vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia machista, según se deduce de un foro organizado por la Conferencia Episcopal.
La aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer supuso un reto para el Estado de Guatemala, ya que por primera vez se cuestionó situaciones que ocurrían en el ámbito privado, las que históricamente han sido consideradas por la sociedad como naturales o normales.
Corregir a una mujer a través de los golpes porque no hizo la comida o forzarla a cumplir con sus responsabilidades maritales, constituyen crímenes de género causados por actitudes machistas; a la fecha, el Organismo Judicial da cuenta de 153 casos de femicidio ingresados en el 2010, de los cuales 35 concluyeron con una sentencia; mientras que de 15 mil 373 denuncias sobre violencia contra las mujeres registradas en el mismo periodo, sólo 218 alcanzaron una sentencia.
DIFICULTADES
De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) en el primer semestre del 2010 los profesionales de las ciencias jurídicas y los operadores de justicia son quienes han tenido más problemas a la hora de interpretarla o aplicarla.
Ese año ocurrieron 838 muertes violentas de mujeres, muchas de ellas cometidas por las propias parejas o personas cercanas a las víctimas, aunque en la mayoría de casos las autoridades las clasifican en contextos de las acciones del crimen organizado y de la narcoactividad, según una investigación dada a conocer a finales del 2010 por el Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América (COMMCA), adscrito al Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Cuando el Estado guatemalteco inició a desagregar los homicidios por género, en el 2002, las autoridades registraron 163 casos; después de casi una década, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) registra un incremento del 300 por ciento; hoy en día mueren dos mujeres diariamente; un total de 838 en el 2010, 130 más que el año anterior.
El informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo: En Busca de la Justicia, elaborado por ONU-Mujeres, enfatiza que las mujeres indígenas son quienes tienen las mayores dificultades para acceder a la justicia en casos de violencia machista.
Existen barreras institucionales en la ruta de la denuncia entre las que se destacan la revictimización de las sobrevivientes, la falta de confianza que inspiran los operadores de justicia, el idioma, la pobreza, la distancia y la quebrantada infraestructura vial, señala el documento.
Los candidatos y las candidatas a cargos de elección popular han ignorado el enfoque del pluralismo jurídico en sus propuestas de gobierno, gobierno local y agenda legislativa, elemento esencial para desarrollar acciones que faciliten el acceso a la justicia para las mujeres indígenas.
ROMPE VALORES
Ana Guezmes, Directora de la Oficina de ONU-Mujeres para Centroamérica, México y El Caribe, durante una reciente visita al país recordó que Guatemala aceptó ser la sede de lanzamiento de la Campaña íšNETE del Secretario General de las Naciones Unidas para poner fin a la Violencia contra las Mujeres en el 2009.
Los actos protocolarios y actividades lúdicas que se llevarán a cabo en el marco de la presentación de la Campaña, tuvieron un propósito específico: rechazar cualquier expresión de violencia en contra de las mujeres en Latinoamérica, pero especialmente en Guatemala
La violencia machista es un río desbocado que arrasa con valores democráticos, la cohesión familiar, el tejido comunitario y los diferentes esfuerzos que la población guatemalteca ha realizado en los últimos años para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz, enfatizó Guezmes.
La funcionaria internacional hizo énfasis en que las diferentes expresiones de violencia contra las mujeres son precisamente los causantes de la escasa participación de las ciudadanas como candidatas a cargos públicos; Guatemala nunca ha superado el 10 por ciento de presencia femenina en el Congreso de la República y el 8 por ciento en otros espacios de la administración pública.
MEDIOS Y POLíTICOS, INDIFERENTES
De acuerdo con diagnósticos elaborados por la Agencia Cerigua, durante la campaña electoral ninguna noticia ha cuestionado el nulo abordaje de la violencia contra las mujeres o de femicidio en los planes de gobierno presentados por los candidatos.
En el buscador PDF, la palabra “mujeres†aparece sólo seis veces en el plan de gobierno del partido VIVA/Encuentro por Guatemala; cantidades similares presentan las propuestas de los demás candidatos y candidatas a la presidencia de la República.
Pese a que muchas de las ofertas partidistas se enfocan en la seguridad ciudadana, en lucha y combate contra el crimen organizado y de la narcoactividad, ninguna presenta alguna diferenciación en cuanto al género.
Los movimientos de mujeres y organismos internacionales han organizado foros con las y los candidatos a la presidencia y a las diputaciones por el listado nacional, pero se han centrado en los temas de salud sexual y reproductiva, cumplimiento de la Ley de Planificación Familiar y participación política, todos con nula cobertura mediática.
INCONSTITUCIONALIDAD
Un grupo de abogados religiosos de Quetzaltenango interpuso recientemente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, al aducir que es discriminatoria, ya que no contempla la muerte violenta de hombres por ser hombres y otra serie de excusas de tipo espiritual, ignorando que el Estado debe ser laico.
El espíritu de la Ley contra el Femicidio es poner en el ojo público esas desigualdades que afectan a las mujeres, como las relaciones de poder entre los sexos que durante la historia de la humanidad han favorecido a los hombres y que ha llegado a niveles exacerbados de violencia, a tal grado que las mujeres son asesinadas por el simple hecho de serlo.
Es una medida afirmativa que intenta desmitificar las ideas preconcebidas de que las mujeres son un instrumento de uso para los hombres, que pueden ser violentadas y desechadas, tal como sucede con la naturaleza de las maras o pandillas.
Declarar inconstitucional esa norma, afectaría severamente los procesos de construcción de la democracia igualitaria en Guatemala y desecharía los esfuerzos de los movimientos de mujeres en su lucha por promover oportunidades en igualdad de condiciones para la población femenina.