En los países desarrollados del mundo, las empresas tabacaleras no sólo tienen que pagar altos impuestos, sino que han sido condenadas al pago de enormes sumas de dinero para compensar los gastos en que tiene que incurrir el sistema de salud para atender a las víctimas del tabaco, ya sea por su uso directo como aquellas que son víctimas inocentes porque son de las que se consideran «fumadoras de segunda mano» porque sin ser adictas al vicio, son afectadas por la contaminación que provoca el humo del cigarrillo.
Sin duda que la experiencia vivida en Estados Unidos hizo que ayer el vicepresidente Espada dijera, ante la crisis hospitalaria, que pretende que se aumente el impuesto al tabaco y a las bebidas alcohólicas para que ese ingreso adicional al fisco sirva para surtir eficientemente a los hospitales del país. La idea no es descabellada, aunque obviamente provocará reacciones encontradas y adversas porque se trata de poderosos sectores que tienen trabajo de cabildeo no sólo en los medios de comunicación, sino también en las esferas cercanas al gobierno. Pero por otro lado se ha planteado que el Gobierno está interesado en un pacto fiscal que sea parte de un esfuerzo de gran envergadura de diálogo nacional, y es lógico suponer que se incluiría una propuesta como la del Vicepresidente en el contenido general del pacto.
Creemos que antes de establecer esos nuevos impuestos, que se diluirán por fuerza dentro del pacto fiscal y que no podrán implementarse si no es como parte de un acuerdo de mayor envergadura, el Gobierno tiene que insistir en el Congreso de la República para legislar de manera que sean restringidos los espacios en los que se puede fumar y que se prohíba de manera terminante hacerlo en lugares públicos y en sitios de trabajo. Sería una actitud hipócrita del Estado querer sacar más dinero de una actividad como la que fomenta el consumo de tabaco, sin tomar las medidas para proteger por lo menos a los no fumadores que no tienen por qué estar en constante contacto con la contaminación dañina que causa el humo expulsado por los fumadores.
Claro está que para el fisco sería mejor, si se aumenta el impuesto, que no sólo se deje fumar en todos lados sino hasta que las tabacaleras incrementen su publicidad para enganchar a más jóvenes en el vicio del cigarrillo, pero sería inmoral un proceder de esa naturaleza si sabemos los daños que se ocasiona al ser humano. Por ello pensamos que sin que una cosa excluya a la otra, primero el Vicepresidente tendría que ejercer su autoridad moral en la bancada oficial y luego buscar acuerdos con otras bancadas para legislar severamente sobre la prohibición para fumar en espacios públicos, tal y como ya ocurre en cualquier país civilizado.