En la sesión plenaria de ayer la bancada oficial de la UNE articuló los votos superiores a los dos tercios de la totalidad de diputados para imponer al frente de la Presidencia del Congreso de la República a uno de sus copartidarios con más influencia dentro de la cúpula partidaria, Roberto Alejos Cambara.
Alejos fue electo primer secretario en la actual Junta Directiva, pero las funciones gerenciales que regularmente se le otorgan a este puesto directivo fueron cercenadas por el diputado Eduardo Meyer, quien como presidente y para su desgracia se arrogó las funciones absolutas en los ámbitos financiero y administrativo.
Con la renuncia del puesto de presidente, de conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo le correspondió asumir el cargo al diputado Arístides Crespo, en medio de una crisis sin precedentes que provocó la desaparición de los Q82.8 millones.
Una de las medidas inmediatas por la actual Junta Directiva fue cederle las funciones gerenciales al diputado Alejos.
Crespo y Alejos se convirtieron a partir del 6 de junio en los timoneles del Congreso de la República. Tanto uno como el otro neófito en estos menesteres, y si bien Crespo, es uno de los más experimentados en el trabajo político-legislativo desde 1991, curiosamente nunca había accedido a un cargo directivo.
La Junta Directiva electa, en la cual Alejos es presidente y Crespo, Segundo vicepresidente, Baudilio Hichos, segundo secretario y Zury Ríos, quinta secretaria (todos ellos, reelectos en distintos cargos), recibirán la responsabilidad de conducir este alto Organismo del Estado literalmente con las arcas vacías.
En los últimos 15 años se habían venido acumulando importantes recursos, provenientes de los presupuestos del Legislativo sin ejecutar que hasta enero de este año ascendían a un monto de Q151 millones, de los cuales, se ignora el paradero de Q82.8 millones, supuestamente perdidos en inversiones a futuro.
El resto, Q68.2 millones, que hasta el 19 de junio estaban depositados en tres bancos del sistema, empezaron a ser trasladados al Banco de Guatemala, como parte de las medidas dispuestas por la Junta Directiva para aplacar los severos cuestionamientos de la opinión públicas. A la fecha fueron trasladados Q41.4 millones.
De esa cuenta, antes que concluya este periodo legislativo, a más tardar el 7 de enero del año entrante, el resto de los fondos, Q27 millones estarán resguardados en las bóvedas del Banco Central sin ganar intereses y sin que los directivos puedan hacer uso de esos fondos, excepto cuenten con la autorización del Pleno.
La Nueva Ley Orgánica
De los nueve puestos directivos, sólo cuatro repiten y el resto ocuparán puestos administrativos de menor valía, excepto la Primera Secretaria y la Primera Vicepresidencia, que estarán a cargo de la diputada Maura Estrada y Jorge Mario Barrios Falla, respectivamente.
La diputada Estrada se convertirá en la gerente del Organismo Legislativo, virtualmente, quien portará la chequera, como suele decirse metafóricamente de quien ocupa este cargo, mientras que su colega le corresponderá relevar al Presidente, durante la ausencia de éste.
Con la nueva Ley Orgánica, encaminada por el diputado Crespo y enriquecida por los jefes de bloque y la Comisión de Apoyo Técnico, los diputados se ponen limitaciones en las funciones administrativas, cuya responsabilidad de ser aprobado el articulado recaerá en el Director General, un cargo que no es nuevo y que existe en los otros Organismos del Estado.
El espíritu de la norma es separar las funciones administrativas al trabajo político-legislativo. El Presidente del Congreso no debe continuar, por ejemplo, firmando cheques para pagar proveedores de agua, energía eléctrica, teléfonos, suministros de oficina y alimentos, sostiene el diputado Crespo. El consenso de los congresistas en cuanto a la creación del Director General, no desliga de responsabilidad al Presidente y la Junta Directiva, pues ambos son responsables de forma solidaria y mancomunada de la administración del patrimonio del Parlamento.
Con el fin principal de buscar la transparencia de la gestión, los diputados determinaron establecer con claridad las funciones del Director Financiero para evitar nuevas sorpresas, por lo que, éste deberá solicitar la autorización expresa de los miembros de la Junta Directiva o de la Comisión Permanente, las erogaciones, traslados, transferencias y contrataciones superiores a un millón de quetzales.
Se pretende entonces dejar una nueva herramienta a la administración legislativa que asuma el control del Parlamento para transparentar los procesos administrativos y financieros.
Por supuesto que antes, el normativo debe ser aprobado y se espera que los directivos actuales, cuatro de ellos continuarán en la mesa directiva agoten la discusión para que la ley llegue a buen puerto.
«Con los legisladores estamos trabajando en la línea de la transparencia, por lo que en las modificaciones también se integra un artículo relacionado al acceso de la información, para ir en la línea del contenido de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que el martes sancionó el Ejecutivo», subrayó Crespo.
Se integró un artículo específico sobre Publicidad e Información, en el que se establece que el Congreso creará una unidad de información que será la responsable de garantizar el acceso a la información pública de sus actos administrativos, a los ciudadanos que así lo requieran.
Diputados deberán informar
Pero, la nueva herramienta con la que contaran los miembros de la directiva 2009-2010 que se espera sea aprobada ante de que concluya el periodo ordinario de sesiones, también incluye otro tipo de enmiendas.
Dentro de ellas resalta como el hecho de que los diputados que sean nombrados por la JD para que integren alguna misión internacional, quedan obligados a presentar un informe por escrito de su participación, dirigido a la directiva o Comisión Permanente dentro de los ocho días hábiles contados a partir de la fecha de regreso al país.
Así como también regulan la asistencia de funcionarios al Congreso, especificando que: «Todas las personas, individuales o jurídicas, que manejen, administren o reciban por cualquier medio recursos del Estados, están obligadas a acudir, cuando sean citados, al Pleno del Congreso de la República, sus comisiones o bloques legislativos, y rendir los informes que se les requieran».
La Junta Directiva electa y que preside el diputado oficialista Alejos será una de las más escrutadas por los grupos de presión, la prensa uno de ellos, por lo que no es nada cercano a un premio el compromiso que ayer asumieron los nuevos directivos. En ese sentido, es previsible que serán criticados hasta por el envoltorio de un caramelo que no pongan en su lugar.
El año entrante, el Organismo Legislativo ya no contarán con ahorros millonarios que administrar. Dependerá solo de su presupuesto y aunque tiene la facultad de aprobarlo de acuerdo a sus necesidades, más del 85% es destinado al pago de salarios y honorarios y sueldos de los diputados. El resto es para gastos de funcionamiento que es el que obligadamente tendrán que transparentar.