El Banco Mundial (BM) aprobó hoy un crédito por 170 millones de dólares y garantías crediticias por 350 millones para la construcción de una planta de celulosa en Uruguay por la finlandesa Botnia, en una decisión que constituye un nuevo revés para Argentina, opuesto a la obra.
La entidad concluyó que «la planta generará beneficios económicos significativos para Uruguay y no causará ningún daño ambiental», señaló un comunicado difundido por la Corporación Financiera Internacional (IFC), la rama financiera del BM, en el que informa sobre la atribución del crédito.
La planta «operará según las normas mundiales más elevadas y cumplirá con las normas ambientales y sociales respectivas de IFC y MIGA», la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, señaló el texto.
«Un informe independiente recientemente emitido ofreció evidencia concluyente de que la zona local, que incluye la ciudad argentina de Gualeguaychú, no experimentará impactos ambientales adversos», añadió.
La votación fue favorable a Uruguay por 23 votos en 24; la única opinión contraria fue la del representante de Argentina, Félix Camarasa, indicó una fuente del directorio del organismo.
Entre los votos a favor se cuentan los de accionistas mayoritarios del BM como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
También Brasil, socio de Uruguay y Argentina en el Mercosur, y México, que votaba asimismo en nombre de España -que trata de facilitar un diálogo entre Buenos Aires y Montevideo-, se pronunciaron a favor del crédito, indicó la fuente.
Con excepción de cinco países que tienen voto individual en el directorio del BM, los restantes socios se nuclean en 19 grupos con presidencia rotativa. Cada uno de los votos tiene diferente peso a la hora de las decisiones, en función del poderío accionario de cada grupo o país en la entidad financiera.
«Todo el mundo habló a favor y Argentina usó la voz (de su silla de votación, que comparte con Uruguay, Paraguay, Chile y Perú) para hablar cuestionando a la CFI», indicó la fuente, que señaló que este hecho es excepcional en la historia del BM.
La obra de Botnia se construye en la margen oriental del Río Uruguay, de soberanía compartida con Argentina, al igual que un proyecto similar de la española Ence que finalmente será reubicado en territorio uruguayo.
Mientras Uruguay defiende la obra porque considera que no contaminará y generará un importante número de puestos de trabajo así como el mayor aporte de inversión extranjera en la historia del país, Argentina la cuestiona por considerarla contaminante.
Vecinos y ambientalistas nucleados en la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, ciudad argentina de la provincia de Entre Ríos, ubicada frente a la uruguaya Fray Bentos donde se construye la planta de Botnia, señalan que la obra tendrá efectos devastadores sobre la industria turística local.
En las últimas dos semanas, delegaciones oficiales argentinas y uruguayas, así como vecinos de Gualeguaychú, visitaron Washington para reunirse con directivos del BM, en busca de defender sus posturas.
Argentina buscó sin éxito posponer la decisión del BM hasta que se conocieran los resultados de una facilitación del diálogo que el presidente argentino Néstor Kirchner solicitó al rey Juan Carlos de España, y que fue aceptada por el monarca y por Uruguay.
El diferendo entre estos dos vecinos sudamericanos que tienen buena parte de su historia en común llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde Buenos Aires denunció a Montevideo por violación del estatuto del Río Uruguay.
Si bien este tema todavía está en tratamiento, la CIJ se pronunció en contra de un pedido de medidas cautelares formulado por Argentina para intentar detener las obras.
En tanto, Uruguay denunció al gobierno de Argentina ante un tribunal del Mercosur, el bloque que integran junto a Brasil, Paraguay y Venezuela, por los prolongados bloqueos -reactivados el lunes- en puentes fronterizos a manos de pobladores de Gualeguaychú.
Esta instancia también falló favorablemente a Uruguay, señalando que los bloqueos constituyen una violación del estatuto del Mercosur, que establece en su carta fundacional el derecho a la libre circulación de personas.