La implementación de aparatos para bloqueos de llamadas telefónicas desde la prisión tendrán un retraso de al menos un mes, se informó.

En la última requisa efectuada ayer por el Ministerio Público y la Policí­a Nacional Civil se decomisaron nuevamente celulares, chips y listados de personas que al parecer son ví­ctimas de extorsión.

El Sistema Penitenciario (SP) no ha superado los trámites administrativos para implementar el sistema de bloqueo telefónico como se habí­a previsto.

RETRASO

Eddy Morales, director del SP, argumentó que actualmente hay aspectos administrativos que han sido muy burocráticos y que ello hace que se vaya extendiendo al perí­odo en el cual deberí­an empezar a funcionar los aparatos de bloqueos.

«Los trámites administrativos se enfocan más que todo a los pagos que están pendientes, que consisten en el 20 de cancelación total», explicó Morales.

El director del SP añadió que los aparatos funcionarán en once centros de detención penal y que actualmente ya se están haciendo las instalaciones. «Ese proyecto está avanzado en un 90 % «, manifestó el entrevistado.

A criterio de Morales, los aparatos que impedirán la ejecución de llamadas por medio de celulares desde las prisiones del paí­s podrí­an iniciar su funcionamiento a finales de febrero; aunque el proyecto se ha ido atrasando desde 2006.

OPINIí“N

Marvin Flores, analista en temas de seguridad de Acción Ciudadana, indicó que el atraso en el bloqueo de llamadas podrí­a implicar que continúe la ola de secuestros, extorsiones y otros ilí­citos que se planifican desde la prisión.

«Toda vez no se encuentre una solución como el bloqueo de todo tipo de señal telefónica y se aborde con seriedad la posibilidad de la habilitación de esos aparatos siempre van a haber ilí­citos que poco a poco se van incrementando», expresó el analista.

Flores también criticó el hecho de que el MP encontrara ayer, nuevamente, una serie de chips y celulares. «Lo que hay que hacer también en ese caso es implementar un control técnico para que los guardias no faciliten a los presos los aparatos. No basta rotar, sino verificar quiénes están detrás de ellos y tomar medidas drásticas», dijo.

El entrevistado lamentó que ese proceso se haya atrasado por años en el SP y en los presidios, además que las antenas corren el riesgo de no funcionar; lo cual tendrí­a que traducirse en responsabilidades del director y la empresa que los vendió.