Álvaro Colom aseguró que durante su mandato no se otorgarían nuevas licencias mineras para evitar la conflictividad social en las comunidades con potencial extractivo. Esa política cambiaría este año con Otto Pérez Molina al frente del Gobierno y una nueva visión sobre los proyectos extractivos en el Ministerio de Energía y Minas.

Todo apunta a que nuevas reglas regirán la minería en Guatemala, no solo en términos legales, sino también en la toma de decisiones políticas en torno a los proyectos que se encuentran a la espera de iniciar operaciones en el país.

Erick Archila, ministro de Energía y Minas, dice que la industria extractiva requiere un reordenamiento a partir de una actualización a la legislación vigente –que se instituyó hace 15 años–, por lo que prepara una iniciativa para reformar la Ley de Minería.

“Creemos que es el momento de aplicar una reforma actualizada que conlleve temas técnicos que la ley vigente no contempla     (…) y dejar plasmado de una manera más formal y legal el acuerdo de regalías voluntarias que se llegó a alcanzar en los primeros meses de gobierno”.

Adicionalmente se propone dejar claros algunos parámetros jurídicos de la ley y renovar temas medioambientales y comunitarios, que han sido foco de conflictividad en los últimos años. (Lea: Reformas a la ley)

Pero las reformas no se limitan a la legislación, pues el titular de Energía y Minas también contempla terminar con la política de moratoria a los permisos de exploración y explotación de proyectos extractivos que estableció el Gobierno anterior, como una medida precautoria para evitar el surgimiento de más conflictos sociales.

Archila aseguró que evalúan las solicitudes para instalar proyectos que se plantearon en las administraciones anteriores: “Nosotros nos encontramos evaluando cada uno de los casos y, pues las licencias de exploración y de explotación las hemos estado evaluando poco a poco, pero también hemos otorgado”.

El Ejecutivo también propone un cambio radical en la lógica de la industria extractiva, con la iniciativa de reformar la Constitución para establecer que el “Estado podrá ser el titular de hasta el cuarenta por ciento de la propiedad o participación patrimonial de toda empresa que explote recursos naturales”.

Para eso el Ministerio consolidaría una empresa estatal con capacidades extractivas, la cual no existe en la actualidad; de aplicarse la medida, se acabarían varias décadas de exclusión del Estado en el sector minero.

EL CONFLICTO

En torno a la minería surgen diversos temas que dan lugar a la conflictividad social. Probablemente el de las regalías no sea uno de los puntos más sensibles, pero sí parece importante y determinante.

En la campaña pasada, Pérez Molina dijo que las regalías para el Estado de las actividades extractivas deberían ser de no menos del 40 por ciento, lo cual contrasta con el uno por ciento que manda actualmente la ley y el 5 por ciento que se está pagando como resultado de un acuerdo entre el Gobierno y las empresas extractoras.

Los puntos más críticos en el tema minero son las consultas comunitarias, que tienen vigencia pero carecen de una regulación interna, y el impacto ambiental en las zonas mineras, que tiene efectos sobre la salud de las personas.

Rafael Maldonado, coordinador del Área Legal del Centro Legal Ambiental y Social (CALAS), dice que el reto primordial de las nuevas reglas de la minería, tanto en el ámbito político como legislativo, será evitar la conflictividad y que se respete la voluntad popular cimentada en las consultas comunitarias.

Asimismo dice que se deben establecer normas claras que garanticen la protección del ambiente y un aumento sustancial de las regalías para su uso en la protección de los recursos naturales. “Creemos que las regalías no deberían de andar en no menos del 40 por ciento para el Estado” y se deben de desarrollar zonas de exclusión de actividad minera.
 
A criterio del activista, aun con las promesas de campaña sobre las regalías y las propuestas de reformas, los esfuerzos del Ejecutivo serán insuficientes para detener los conflictos. “Es algo que el Ministro y el Presidente no quieren ver; hay una gran conflictividad que corre el riesgo de aumentarse, producto de esta política en materia de minería”, señala.

Andrea Hernández, del Colectivo Ecologista Madre Selva, explica que las comunidades rechazan rotundamente las actividades extractivas porque no participan de los proyectos y por ende, no perciben beneficios sobre las actividades que se desarrollan en sus tierras.

Hernández indica que la nueva Ley a la Minería debería desarrollarse de una manera integral y conjunta con las comunidades, para encontrar una vía de desarrollo social y “no al costo de su medio ambiente o, peor aún, de su salud”.

Lejos de las reformas legislativas, Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, considera que “solo  con que la certeza jurídica tuviera una aplicación real en la práctica, nos parece sería una de las políticas más efectivas” y por eso cree que “las compañías que han cumplido con todos los requisitos de ley, deberían de obtener la licencia”.

Según el Presidente de la Gremial, “las empresas mineras no crean conflictos”, ya que al momento de llegar a las comunidades, son grupos ajenos “quienes comienzan a fomentar a través del miedo y la conjetura este tipo de conflictividad”.

Asegura que no se deja de reconocer que existe una conflictividad, pero se tendrá que poner todo el esfuerzo para mantener diálogos constructivos y respetuosos, buscando la manera de hacerlo en un marco legal establecido, y una acción gubernamental, quien es la primera responsable de arbitrar cualquier diferencia, disputa entre los diferentes actores, “que es lo que más ausente ha estado en los últimos 15 años en Guatemala”.

Sobre la propuesta de la participación del Estado en la minería y la industria extractiva, el sector empresarial no ha manifestado una posición.
 
INFORMACIÓN Y DIÁLOGO

A casi seis meses de tomar posesión, Archila todavía trabaja en el análisis de las nuevas directrices para la minería y en el proyecto de reformas legales, sobre el que existe una expectativa importante de distintos sectores.

El Ministro reconoce que es obligación del Estado armonizar la minería con el medio ambiente y las necesidades sociales, por lo que con cautela dice que se está trabajando en el tema: “El Viceministerio de Desarrollo Sostenible está manteniendo amplios diálogos comunitarios; creemos que es importante un mejor nivel de información que no se ha estado actualizando”.

Sin embargo, con seguridad sostiene que uno de los principales identificados hasta ahora es la falta de información, comunicación y entendimiento, y ese será uno de sus objetivos. “Nosotros hemos tratado la manera de sensibilizar a la población dándoles mayor información y tratando de ser un ente regulador de dialogo comunitario y de diálogo social”, sostiene
    
El objetivo final es que el Estado pueda participar más activamente en las actividades extractivas, ofreciendo trasparencia con controles de fiscalización, regulación y otorgando órdenes de “caducidad” a los proyectos si se incumplen las reglas, puntualiza el Ministro. “Así es como puede operar más eficientemente el Estado”.