Actualmente Guatemala es considerado uno de los países más peligrosos de América Latina, especialmente para las mujeres, pues a falta de menos de dos meses para que finalice el presente año, cifras institucionales dan cuenta de 3 mil 562 casos de violencia sexual contra la mujer, que incluyen a niñas y adolescentes.

ESA CANTIDAD YA SOBREPASÓ EL TOTAL DE TODO EL 2012

El panorama se agrava cuando las víctimas sobrevivientes de una violación sexual no reciben el tratamiento, la asistencia física, económica y psicológica adecuada por parte del Estado en los puestos de salud y hospitales nacionales, debido a la escasez de profesionales preparados para atender estos casos de violación en cuanto al abordaje y los protocolos establecidos, sobre todo cuando la atención primara es esencial para el seguimiento de los casos en los tribunales de justicia.

Hasta el momento, estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), sugieren que en 2013 se reportan 3 mil 562 casos de féminas víctimas de violaciones sexuales, entre las que se encuentran niñas y adolescentes guatemaltecas, y 400 hombres, de los cuales el 80 por ciento son niños.

En 2012 fueron atendidas 3 mil 543 féminas y 800 hombres.

El Organismo Judicial reporta un total de 439 casos de violaciones y la Policía Nacional Civil (PNC) ha capturado a 273 personas por intento de abuso sexual a mujeres de diferentes edades. Asimismo, se conoce que el OJ ha emitido 505 sentencias absolutorias y condenatorias por los mismos delitos.

Mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos cuantifica hasta el pasado mes de octubre, 1,743 denuncias de agresiones sexuales a niñas, adolescentes y mujeres.

PROFESIONALES INSUFICIENTES

Para Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes la falta de profesionales capacitados para el abordaje de la violencia sexual en el ámbito nacional es uno de los grandes problemas del país; pues no hay instituciones especializadas para el abordaje de este delito.

Para Cruz, cuando normalmente se considera que basta con una terapia normal para subsanar el trauma de las víctimas, hay que reconocer también las técnicas especiales para la atención de las víctimas de violencia sexual.    

Sin embargo, Norma Cruz insiste que no hay que dejar de lado que la única prueba médica es la que extrae el Inacif como medio de prueba ante una violación contra los presuntos responsables;  al interponer una denuncia en el Ministerio Público e iniciar la persecución penal.

La Fundación Sobrevivientes brinda atención primaria en el área de psicología, social y legal; además de emitir informes psicológicos que sirven también como medios de pruebas para peritos forenses en el seguimiento de los casos. Para esta tarea cuentan con ocho abogados penales y dos en la rama de Familia, una trabajadora social y una encargada del refugio; además de siete procuradoras.

FENÓMENO CRECIENTE E IMPUNIDAD

El tema de las violaciones sexuales en mujeres, niñas y adolescentes, para las organizaciones sociales es una expresión más de cómo la violencia se ha convertido en una cuestión cotidiana y casi natural en esta sociedad; un fenómeno creciente ante los altos niveles de impunidad por algún hecho delictivo sin castigo, reproduciéndose en mayor escala, permeando así en muchos ambientes.

Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, opina que este tema es muy deficitario en el Estado y en las políticas del Ministerio de Salud. El psicólogo cuestiona que en Guatemala no existan suficientes profesionales en la rama de la Psicología para atender a las personas que son víctimas de violencia sexual y expone la necesidad de una Política de Salud Mental para combatir el flagelo.

“Por eso se ha hablado tanto de la revictimización, cuando una mujer o una niña es violada; y no se cuentan con los instrumentos técnicos-científicos para atender esta problemática. Debería haber una visión integral de la salud mental en la que el tema de la violencia sexual esté incluido. En los hospitales nacionales debería haber unidades especializadas, así como más personal y recursos destinados a la atención terapéutica porque hay una demanda fuerte de la población”, explica el experto.

A decir de Garavito, la atención psicológica en las personas que sufren estos vejámenes, es absolutamente necesaria, y sugiere que en vez de construir más centros de atención a víctimas y más espacios de protección; hay que empezar a trabajar la parte preventiva pues nunca el Estado tendrá la capacidad de atender en el sentido curativo a tanta víctima de violencia en sus distintas expresiones.

“Una violación sexual a cierta edad va a tener implicación para toda la vida si no hay un acompañamiento o un tratamiento terapéutico. Todo el modelo de relación social queda absolutamente dañado y eso si no se trabaja no podrá ser superado. Me preocupa más cómo evitar que estas cosas se sigan dando porque cada vez es más fuerte el fenómeno”, externó.

OSAR: RUTA NO SE CUMPLE

Según Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar), como consecuencia de la violencia sexual, muchos de los abusos terminan en embarazos; lo cual resulta alarmante cuando se trata de menores de edad.

El Osar, de enero a octubre del presente año han documento 2,200 partos entre los 10 y 14 años. A eso habría que sumarle un 35% que son los casos que atienden las comadronas en las comunidades o los servicios privados; es decir es un aproximado de lo que no atienden los servicios de Salud. Los departamentos identificados con mayor número de embarazos en niñas son Huehuetenango, Alta Verapaz, Petén, Quiché y Guatemala.

La representante menciona que la tarea de la institución es socializar los marcos legales y que las mujeres conozcan sobre sus derechos. Montenegro expone, que antes una niña llegaba a un hospital, pero que no existía una ruta de atención, o los médicos no sabían que tenían que referirla a la Procuraduría General de la Nación y hacer la denuncia en el Ministerio Público. Eso cambió en enero de 2013 cuando se creó la Ruta de Atención Integral para los Embarazos en Niñas menores de 14 años.

Sin embargo, la del Osar subraya que este protocolo no se está siguiendo al pie de la letra por parte de autoridades de Salud ni operadores de Justicia, pues aunque se hayan instalado clínicas en hospitales nacionales para la atención de la violencia sexual, eso no significa que la calidad de atención sea la más óptima. Actualmente este protocolo está bajo revisión en el Ministerio de Salud y según fuentes oficiales, se dará a conocer con las correcciones en el mes de diciembre.

Mirna Montenegro, recalcó: “Hemos visto que en Quiché, para que el Inacif llegue y tome las muestras a través de un examen, puede tardar hasta dos días la víctima internada en el hospital. Por eso es importante que los médicos y obstetras estén capacitados. Lo que se busca es una atención integral y para eso hace falta competencia en el protocolo de los profesionales para que lo cumplan”.

Según la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, toda relación sexual con una menor de 14 años, es considerada una violación sexual, por lo tanto cada uno de los embarazos reportados por el Osar es un delito de violencia sexual, cuyas penas para los responsables van de los 8 hasta los 12 años de prisión.

La referida ley, reza: “Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma”.

El Osar expone que la escasa ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud y el sector justicia, contribuye a que la atención y prevención no sea descentralizada y a que los casos no sean judicializados, pues denuncian que apenas 2 mil casos por violaciones han sido llevados a los tribunales en los últimos tres años y solo dos han logrado la sentencia máxima de 20 años de prisión contra el agresor.

91% DE AGRESORES SON FAMILIARES

En palabras de Leonel Dubón, director de la Asociación Refugio de la Niñez, el 91 por ciento de las agresiones sexuales a niños y adolescentes en el país, provienen de personas cercanas a las víctimas o familiares, lo cual hace que estas se sientas humilladas y el impacto sea mucho mayor, al distorsionarse la percepción de los referentes positivos y crear más dolor y confusión en los afectados.

“Hemos tenido casos en los que la violación provino de un hermano, después de un padrastro, de un tío y el abuelo. Eso en un proceso penal se le llama violaciones continuadas. Entonces, el trauma que traen los niños va a depender del tipo de violación y la intensidad”, puntualiza.

Dubón señala que las violaciones continuadas de los mismos familiares ha sido una de las principales causas del incremento en casos, pero que existe un subregistro porque las familias, sobre todo del interior del país, no se atreven a denunciar, lo que causa más daños psicológicos, emocionales y físicos a las menores que luego resultan embarazadas; a veces con el consentimiento de las madres.

El directivo dice que el trauma por una violación sexual difícilmente se supera pues siempre van a quedar secuelas, pero que en término de seis meses se logra alcanzar un nivel de estabilidad aceptable para que el niño pueda retomar la cotidianidad, además de un acompañamiento profesional de dos años para garantizar la recuperación total de la confianza del niño en su entorno.

Muchas de esas secuelas derivadas de la victimización pueden potencialmente llevarlas a realizar prácticas inadecuadas como el sexo inseguro, el uso de drogas y/o alcohol y a tomar muchos riesgos. La adolescente puede tomar una actitud desafiante y lejana con la familia, lo que resulta en un deterioro en la comunicación.

No obstante, el entrevistado critica que no hay suficientes profesionales que puedan realizar buenos diagnósticos y en los traumas de violación se necesita mucho acompañamiento en psicoterapia, pues las universidades no brindan esta formación.

“En los hospitales, en el mejor de los casos lo que dan es primeros auxilios psicológicos. Pero un tratamiento completo no se puede dar. No hay capacidades. Muchas veces se prioriza el recabar pruebas y no la estabilidad emocional de las víctimas. Sin alterar las pruebas que se tengan que tomar, lo primero que se debe hacer es estabilizar a la víctima”, finalizó.

PROPUESTAS

Actualmente el tema de la violación sexual así como de niñas y adolescentes embarazadas está sobre la palestra y no se reconocen, las grandes deficiencias en su abordaje por parte del Estado, lo que de alguna manera es negativo en cuanto a cambiar los enfoques en los programas gubernamentales y aceptar nuevos paradigmas e incluir los asuntos de género y victimización sexual en la atención integral.

Precisamente la violencia sexual impide el sano desarrollo de la evolución de la vida y en la adolescencia muy especialmente, obstaculiza el fortalecimiento de funciones básicas para este momento, como son la autonomía, el control de la sexualidad y daña el crecimiento en una posible vida armoniosa.

Representantes del Grupo Guatemalteco de Mujeres opinan que la violencia sexual contra la mujer es un fenómeno debido a las relaciones desiguales de poder y si bien es cierto que se muestran avances para el abordaje legal de esta problemática, no es suficiente porque a veces no se aplica la ley como debe ser. Asimismo, señalan que la violencia sexual es la más frecuente incluso en relaciones maritales, y que la falta de respuesta estatal, hace que las féminas no denuncien y no salgan del círculo de violencia en el que se encuentran.

Al mismo tiempo, las activistas lamentan que los procesos penales se entrampen hacia el castigo de los responsables pues han detectado que operadores de justicia evaden las responsabilidades y refieren los casos a otros juzgados.

Finalmente, las entrevistadas destacaron que el primer apoyo para una víctima sobreviviente de violencia sexual debe ser la familia y la mejor defensa es la correcta información de sus derechos como mujer; además exigieron a las autoridades una mayor inversión en la prevención de este delito contra las féminas.

Actualmente, el Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMU) y sus cinco sedes a nivel nacional, adheridos al GGM, atraviesan una situación complicada por problemas de financiamiento, pues según se dio a conocer, el Ministerio de Gobernación solo ha trasladado el 43% de Q9 millones 500 mil que tiene asignado para el 2013. A raíz de esto, el CAIMU Guatemala contaba con 14 colaboradoras a inicios del 2013, pero actualmente hay solo 5 profesionales a pesar de la demanda.

El CAIMU consta de 8 áreas de atención, además de 6 áreas de intervención (Redes de Apoyo; Autocuidado; Seguridad;  Investigación; Prevención y Sensibilización e Incidencia). Cada mujer que se acerca al CAIMU recibe ayuda y asesoría profesional en 8 áreas específicas, las cuales son: la atención inicial (abordaje), asesoría legal, apoyo psicológico, apoyo social, atención médica, autoayuda, albergue temporal y apoyo telefónico.

Los demás centros están en Escuintla, Suchitepéquez, Baja Verapaz y Quetzaltenango, han brindado asesoría psicológica, legal y médica a casi 15 mil mujeres víctimas de violencia desde 2008.