El nuevo comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala, el costarricense Francisco Dall»Anese, llegará al país para asumir su cargo en medio de cuestionamientos al presidente de la Corte Suprema y una Fiscalía acéfala, informó su portavoz.
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«El comisionado arriba este jueves a Guatemala, pero por razones de seguridad no se dará a conocer la hora», afirmó Diego ílvarez, portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente creado por las Naciones Unidas.
Dall»Anese, el ex fiscal general costarricense, cenó anoche con el presidente ílvaro Colom para conversar sobre la situación del país y los distintos casos que investiga la CICIG en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes.
El portavoz dijo: «pedimos un poco de paciencia, pero la próxima semana estaremos haciendo un acercamiento» para que la prensa hable con el nuevo comisionado, quien sustituye al jurista español Carlos Castresana, quien renunció el 7 de junio, aduciendo ataques sistemáticos contra él y la entidad.
«Tenemos que tener en cuenta que asumió (el cargo) el 1 de agosto y hoy está llegando a Guatemala», puntualizó.
Según el portavoz, es posible que sus primeros días Dall»Anese ocupe el tiempo en informarse sobre los casos que tiene la CICIG.
En tanto, Colom comentó que «hace una semanas» conoció a Dall»Anese, a quien calificó como la persona idónea dirigir la CICIG, cuyo mandato concluye en septiembre de 2011.
«Es una persona no solo por la capacidad, sino la fuerza y determinación para el trabajo que viene hacer», dijo Colom.
Dall»Anese llegará al país en medio de pedidos de diversas entidades para que renuncie el presidente de la Corte Suprema, Erick ílvarez, acusado de corrupción y nepotismo.
Además, el comisionado encontrará una Fiscalía acéfala debido a que la Corte de Constitucionalidad destituyó al titular recién elegido y ordenó nombrar uno nuevo.
La CICIG, una instancia sin precedentes en la ONU, fue creada en diciembre de 2006 para intentar sanear el corrupto sistema judicial guatemalteco y desmantelar los aparatos clandestinos que operan dentro del Estado.
POR MíS TIEMPO
Grupos de derechos humanos y de empresarios guatemaltecos pidieron al gobierno renovar por otros dos años el mandato de la comisión avalada por la ONU que busca acabar con la impunidad en el sistema judicial del país, infiltrado por el crimen organizado.
El mandato de la CICIG termina dentro de 13 meses, y ambos grupos estiman que el tiempo ha sido insuficiente para sanear el corrupto sistema judicial.
Además, aseguran, es corto el tiempo para que su nuevo titular, el costarricense Francisco Dall»Anese, pueda desplegar una labor efectiva.
La CICIG, una instancia sin precedentes en la ONU, fue creada en diciembre de 2006 para intentar desmantelar los aparatos clandestinos que operan dentro del Estado y reducir la impunidad que llega al 98% de los procesos judiciales, pero su mandato concluye en septiembre de 2011.
No obstante, puede ser prorrogado por otros dos años de mutuo acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco.
El propio Dall»Anese estimó que «trece meses para cumplir cosas, para lo que se requiere años, no va a ser suficiente».
Su antecesor, el jurista español Carlos Castresana, advirtió la víspera en Costa Rica que desmantelar los aparatos clandestinos que operan en el Estado guatemalteco llevará al menos «una década» y un «esfuerzo sostenido en el largo plazo».
El presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Amador, comentó que la organización «ha expresado y mantiene su apoyo» incondicional a la entidad independiente de la ONU desde sus inicios.
Mario Polanco, director del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo, dijo que «la ampliación es necesaria porque hasta el momento poco se ha hecho y es mucho lo que falta. Hay que darle capacidad y fortalezas al Ministerio Público (Fiscalía), que hasta el momento es muy débil».
Al concluir su mandato, la CICIG tiene que delegar todas las herramientas y funciones a la Fiscalía para que ella por sí misma continúe con el desmantelamiento de los aparatos clandestinos y de la impunidad en el país.
«La prórroga (del mandato) debe ser una solicitud del Estado, pues como vemos las cosas, el tiempo es insuficiente para la situación de violencia e impunidad» que afecta al país, consideró Mishell de Leal, dirigente de la entidad Madres Angustiadas, una entidad contra la violencia.
El ex vicepresidente Eduardo Stein (2000-2008), quien impulsó la creación de la entidad, también apoya la extensión del mandato, aunque aclaró que es «el Ejecutivo el que lo tiene que negociar con la ONU (el acuerdo de ampliación), y luego el Congreso lo tendrá que ratificar».
A pesar del optimismo, Dall»Anese llegará al país en medio de pedidos de diversas entidades para que renuncie el presidente de la Corte Suprema, Erick ílvarez, acusado de corrupción y nepotismo.
Además, el comisionado encontrará una Fiscalía acéfala debido a que la Corte de Constitucionalidad destituyó hace casi dos meses al titular recién elegido y ordenó nombrar uno nuevo.