Al menos 40 personas murieron hoy en ataques contra la policía en las ciudades paquistaníes de Lahore y Kohat y en un atentado contra una residencia gubernamental en Peshawar, en una sangrienta escalada de la violencia que comenzó hace once días, según balances oficiales.

Entre las víctimas figuran 10 atacantes, 19 policías, 10 civiles (entre ellos un niño) y una persona sin identificar.
Estos ataques pusieron en evidencia el poder de los elementos radicales armados para golpear en el corazón de Pakistán, así como la debilidad de las fuerzas de seguridad, mal equipadas, a pesar de las promesas de una nueva ofensiva contra los islamistas talibanes cerca de la frontera con Afganistán.
Las fuerzas de seguridad necesitaron cuatro horas para poner fin a los ataques en Lahore (este), la segunda ciudad del país, con siete millones de habitantes.
Al menos 28 personas murieron en los intentos de asalto simultáneos contra tres instalaciones policiales en Lahore y 11 en un atentado suicida con coche bomba en Kohat (noroeste).
Por la tarde, una bomba estalló en una residencia de empleados del gobierno en Peshawar (noroeste), con saldo provisional de un niño muerto, según una fuente médica.
Pakistán, un país que posee el arma nuclear, fronterizo de Afganistán y aliado clave en la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo, se ha visto minado por ataques reivindicados o atribuidos a los talibanes en los cuales han muerto más de 160 personas desde el 5 de octubre.
En Lahore, hombres armados con granadas y chalecos de explosivos atacaron una academia de comandos en el suburbio de Bedian, otra escuela policial en la zona de Manawan y las oficinas de la Agencia Federal de Investigaciones (FIA).
El centro de entrenamiento en el suburbio de Manawan ya había sido atacado el 30 de marzo por insurgentes que mataron a ocho reclutas policiales. Y el edificio de la FIA en Lahore había sido bombardeado en marzo de 2008, con saldo de 16 muertos.
El gobierno paquistaní aseguró que el país se enfrenta a una nueva guerra tras el incremento de los ataques en el corazón político del Penyab, lejos del centro guerrillero de la región tribal del noroeste.
«Están llevando a cabo una guerra de guerrillas. Primero fueron activos en el NWFP (la Provincia de la Frontera del Noroeste), ahora son activos en el Penyab. Son terroristas pagados para desestabilizar a Pakistán», declaró el ministro del Interior, Rehman Mali.
Antes de que los insurgentes fuesen dominados, la policía advirtió del riesgo de más ataques en Lahore, la capital cultural del país, donde se han registrado varias ofensivas insurgentes desde marzo.
«Las operaciones de búsqueda continúan en diversos sectores de la ciudad. Hay amenazas de más ataques», dijo a la AFP el jefe de policía de Lahore, Pervez Rathor.
El Movimiento de los Talibanes de Pakistán (TTP) reivindicó la mayor parte de los atentados que desde julio de 2007 dejaron más de 2.250 muertos en Pakistán.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se dispone a firmar una ley que otorga 7.500 millones de dólares para construir escuelas, carreteras e instituciones democráticas en Pakistán, como parte de una estrategia para desacreditar a los extremistas en Pakistán y Afganistán.
La sangrienta serie de atentados que causó la muerte de 160 personas en 11 días demuestra que la guerrilla de los talibanes se intensifica y amplía al tiempo que las autoridades y las fuerzas de seguridad paquistaníes se muestran impotentes para frenarla, estimaron analistas.
Los combatientes islamistas aliados a Al Qaeda son responsables de una ola sin precedentes de atentados, en su mayoría suicidas, con un balance de más de 2.250 muertos en los últimos dos años.
Desde el comienzo de octubre, los ataques son casi cotidianos y se producen en lugares cada vez más alejadas de las zonas tribales del noroeste, fronterizas con Afganistán, donde imperan los talibanes.
El jueves, varios ataques coordinados arrojaron un balance de 40 muertos, 28 de ellos en tres ataques simultáneos a comisarías de Lahore, en el este de Pakistán, otros 11 en un atentado con coche-bomba en el noroeste.
El fin de semana pasado, un comando de 10 talibanes con uniforme militar atacó el cuartel general del ejército en Rawalpindi, cerca de Islamabad, lo que constituyó una humillación para el ejército.
«Antes estaban activos en la Provincia Frontera del Noroeste y ahora actúan en Punyab. Son terroristas pagos para desestabilizar a Pakistán», declaró el jueves Rehman Malik, ministro del Interior.
Desde el mes de julio, Malik, símbolo del desconcierto del gobierno, anuncia periódicamente una ofensiva militar terrestre contra el feudo de los talibanes en Waziristán del Sur, pero el ejército vacila, limitándose por el momento a bombardear la zona.
«No estamos dispuestos a aceptar el hecho de que la militancia islamista se instala en Punyab. Ahora van de la mano con los talibanes para desafiar al Estado», analiza Hassan Askari, un experto en seguridad.
Según los analistas, los talibanes y sus aliados superaron los conflictos generados por la sucesión del jefe del Movimiento de los Talibanes de Pakistán (TTP), Baitulá Mehsud, liquidado el 5 de agosto pasado por un misil norteamericano.
Los talibanes pretenden disuadir al ejército de lanzar su ofensiva en Waziristán. «Esos ataques constituyen una advertencia al gobierno para que renuncie a esa operación», dijo Askari.
Un ataque de envergadura podría exponer al ejército a una derrota frente a decenas de miles de combatientes tribales y extranjeros de Al Qaida, expertos en el combate de montaña.
La oportunidad de una ofensiva general del ejército en Waziristán es discutible, en cambio una operación similar en las zonas densamente pobladas de Punyab es imposible.
«El gobierno está a la defensiva. No tiene una estrategia a largo o corto plazo para contrarrestar los ataques insurgentes», dijo el experto en asuntos tribales Rahimula Yusufzai.
El presidente estadounidense, Barack Obama, promulgó una ley de ayuda a Pakistán por 7.500 millones de dólares, luego de que el Congreso asegurara que el plan de asistencia no violaba la soberanía paquistaní.
La promulgación tuvo lugar tras varios días de polémica. El ministro paquistaní de Relaciones Exteriores, Shah Mehmood Qureshi, viajó incluso a Washington el martes para señalar las inquietudes de un sector de la opinión pública y del ejército paquistaní, preocupados de que este paquete de asistencia comprometiera la soberanía del país.
Los temores se apaciguaron cuando el senador John Kerry y el representante Howard Berman, que dirigen las dos comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, suministraron a Qureshi un documento asegurando que el plan no socavaba la soberanía paquistaní y no imponía condiciones.
«Esta ley es una señal tangible del amplio apoyo estadounidense a Pakistán, como quedó demostrado al ser aprobada de manera unánime por las dos cámaras bipartidarias del Congreso», indicó el portavoz de la Casa Blanca Robert Gibbs en un comunicado.
Gibbs precisó que la ley se basaba en un compromiso compartido por los dos países hacia el mejoramiento de las condiciones de vida en Pakistán, el fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, y la lucha contra los extremistas que amenazan tanto a Pakistán como a Estados Unidos.
La promulgación de la ley se dio unas horas después de una serie de atentados coordinados el jueves contra las fuerzas de policía paquistaníes, que dejaron 39 muertos.