La cuerda entre el Gobierno argentino y las patronales agrarias volvía a tensarse hoy durante la negociación por el impuesto a las multimillonarias exportaciones de alimentos, en un conflicto politizado que vuelve a poner en aprietos a la presidenta Cristina Kirchner.
Nuevos focos de tensión surgían entre los funcionarios y la llamada Mesa de Enlace agropecuaria, que nuclea a unos 250 mil productores, desde los más pequeños «chacareros» (agricultores) hasta corporaciones con centenares de miles de hectáreas en la rica Pampa Húmeda (región central).
«Queremos discutir las retenciones (impuestos a las ventas externas)», advirtió Eduardo Buzzi, uno de los líderes de la protesta que está por cumplir un año el 12 de marzo próximo, período durante el cual la imagen de la Presidenta bajó de 55% a 30%.
La puja por la distribución de la renta agraria se desarrolla ahora en un marco desfavorable para Argentina, a raíz de la caída mundial de la demanda y de los precios agrícolas.
«A todos aquéllos que han tenido la inmensa suerte de una rentabilidad en algunos casos extraordinaria, les pedimos apuntalar el esfuerzo que hemos hecho los argentinos», dijo Kirchner el domingo en su mensaje sobre el estado de la Nación al críticar a quienes observa como empresarios sin sensibilidad social.
Argentina exportó el año pasado unos 25 mil millones de dólares en materias primas agrícolas y unos 14 mil millones en agroindustriales, lo que representan más de 50% de las ventas globales al exterior.
Los ingresos fiscales por retenciones significan un 12% del total de la recaudación del Gobierno, que en 2008 logró un récord de superávit fiscal equivalente a 4,6% del Producto Interno Bruto.
El Gobierno había ofrecido a las patronales la semana pasada alivios fiscales y subsidios en carnes, lácteos, trigo y maíz, pero la Mesa reclama eliminar el tributo a la soja y el girasol, los cultivos más rentables de la última década que convirtieron a la Pampa Húmeda en un paraíso de ganancias.
El país sudamericano es el mayor proveedor mundial de aceites de soja y de girasol, además de figurar entre los cinco primeros de otros granos como el trigo y el maíz, según la secretaría estadounidense de Agricultura.
La polémica volvió a arder en los últimos días con el proyecto del Gobierno de reflotar un ente mixto, integrado por Estado y agricultores, que regule el mercado granario como sucedía hasta los años 90, cuando fue eliminado en línea con las políticas neoliberales de aquel entonces.
La iniciativa introdujo por primera vez una cuña en la granítica Mesa, donde pequeños y medianos agricultores de la Federación Agraria apoyan la regulación de un precio sostén, mientras que la rechazan de plano la aristocrática Sociedad Rural y los grandes grupos cerealeros exportadores.
«Los instrumentos que vengan a equilibrar, transparentar, garantizar abastecimiento y armonizar precios no son malos», dijo Buzzi, de la Federación Agraria.
Pero el eje real del prolongado conflicto está planteado con los poderosos sojeros, que quieren bajar a cero o reducir al mínimo las retenciones, mientras los «chacareros» amenazan volver a los cortes de ruta y las huelgas como en 2008.
Cristina Kirchner y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), líder del gobernante peronismo, afrontan este año el duro desafío de elecciones de renovación del Parlamento con una fuga de aliados que nació de las discrepancias por su manejo del conflicto con el agro.
Los mayores líderes de la oposición a los Kirchner organizaron la semana pasada en el Parlamento una audiencia de respaldo a las patronales del agro, de cuyo conflicto con el Gobierno pueden sacar suculentos réditos electorales.